Mientras el Ministerio del Interior niega haber filtrado nada sobre la investigación policial, que sigue abierta, el PSOE se ha apresurado a asegurar que el Gobierno intenta tapar con este escándalo los casos Gürtel y Nóos
Cuando aún no se han apagado los fuegos que produjeron la primera crisis en el ejecutivo andaluz desde que Susana Rodríguez está al frente de la Junta de Andalucía con los supuestos realojos arbitrarios en la famosa Corrala, otro nuevo escándalo sacude los cimientos mismos de la autonomía andaluza. Ya es un secreto a voces, contrastado por la práctica totalidad de los medios de ámbito nacional como El Mundo, El País, ABC, etc., que la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaria General de la Policía Judicial, ha descubierto un fraude ‘masivo’ -término que la Patronal andaluza ha negado en un comunicado esta misma tarde- en los cursos de formación con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea y que se habrían impartido en Andalucía durante los últimos cinco o seis años.
Según se ha podido saber, las empresas implicadas en este fraude, próximas a la administración socialista en Andalucía, habrían recibido por adelantado las tres cuartas partes del dinero destinado a dichos cursos de formación, tal y como se estipulaba en las ayudas concedidas, teniendo que pasar una auditoría antes de recibir el 25% restante. Según dichas informaciones, la mayor parte de estas empresas ni siquiera reclamaban ese 25% para no tener que pasar la auditoría.
Es en Málaga donde se descubrieron las primeras irregularidades y donde la investigación, al parecer, se halla en un estado más avanzado. Trasladado un equipo de investigación de la UDEF a esta ciudad, se entrevistaron con personas que constaban en la documentación como alumnos de los cursos y la sorpresa fue mayúscula cuando la mayor parte de ellas o no sabían nada de ningún curso, o aseguraban que los cursos se habían suspendido al segundo día sin recibir explicación alguna, o los profesores que los impartían carecían de la cualificación necesaria para ello, llegando a suplantarse la identidad de algunos de ellos.
Durante el transcurso de los siete años que están siendo objeto de investigación en este caso, los fondos gestionados por la Junta de Andalucía para programas de formación ascendían a más de 3.000 millones de euros, según fuentes de la investigación, que estiman en una franja entre los 20 y los 40 millones de euros la cantidad objeto de fraude o uso irregular.
Al parecer, el origen de la investigación está en la denuncia que la Seguridad Social realizó ante la Fiscalía hace ahora un año. Con este caso se ahonda en las sospechas sobre la auténtica finalidad de la llamada concertación social, base de la paz social en Andalucía, suscrita por la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Tras el famoso caso de los EREs, de confirmarse los extremos de estas informaciones, los tres firmantes de este acuerdo habrían quedado al descubierto en la utilización fraudulenta de su posición como agentes sociales, por no hablar del auténtico mazazo en la línea de flotación del PSOE andaluz, salpicado ya por varios escándalos.
Por su parte, el PSOE se ha apresurado a negar los hechos y a criticar que el Gobierno del Partido Popular esté utilizando este caso para intentar tapar los casos ‘Gürtel’ y ‘Nóos’.
VLC Noticias | Redacción
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