Una treintena de asociaciones, grupos y entidades, incluyendo la Plataforma contra la Fotovoltaica Calderona, conformada por vecinos y defensores del territorio, han presentado alegaciones nuevamente contra el proyecto de una planta solar fotovoltaica de 48,3 megavatios que la empresa Verdenes Solar 5 S.L., filial de las compañías Kenergy de Países Bajos y Reden de Francia, tiene previsto instalar en el Parque Natural de la Sierra Calderona bajo el nombre ‘Segorbe Sol’. De manera individual se han registrado 765 alegaciones, además de las presentadas por asociaciones vecinales, ayuntamientos, sindicatos, grupos ecologistas, empresas agrícolas y clubes tanto deportivos como de caza. Asimismo, la Plataforma ha colectado más de 3.300 firmas en una campaña en el portal Change.org, argumentando que este proyecto representa “una agresión directa a un espacio protegido”.
La Plataforma, creada para oponerse a lo que sería la mayor planta solar de la Comunitat Valenciana en la Sierra Calderona y que fue desestimada por el Ministerio en 2023, denuncia que este nuevo procedimiento ha sido tramitado con carácter de “urgencia”. Han presentado un recurso de alzada, sosteniendo que esta urgencia es debido al vencimiento del plazo para obtener la autorización: “el 11 de mayo expira el permiso de conexión y para esa fecha deben contar con el informe favorable”, señalan. En junio de 2024, el proyecto fue presentado por primera vez a exposición pública, momento en el que ya se registraron cientos de alegaciones, motivos que aún persisten, indicando que el sitio designado para la planta afecta el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural, con la eliminación de zonas forestales y agrícolas, además de flora y fauna autóctonas.
El proyecto abarcaría 98,41 hectáreas dentro del PORN de la Calderona, impactando tres barrancos, terreno forestal clave para la recarga de acuíferos, una vía pecuaria, caminos públicos, un Paisaje de Relevancia Regional (PRR) y varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Está ubicado a solo dos kilómetros de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y contempla la instalación de paneles solares en pendientes superiores al 25%, incrementando considerablemente los riesgos de erosión y degradación del suelo.
La intervención incluye 85,652 paneles solares distribuidos en islas separadas y un vallado que supera los 16 kilómetros, lo cual crea una barrera artificial en el paisaje, subrayan. Lamentan que no se haya presentado el proyecto de la línea de evacuación eléctrica, “ocultando así sus impactos reales y vulnerando el derecho ciudadano a una evaluación ambiental completa”. La Plataforma destaca que “el propio Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) reconoce, de manera preocupante y superficial, la presencia de aves protegidas, como el águila perdicera en peligro de extinción”. Descalifican las medidas de mitigación propuestas como insuficientes, calificándolas de “insulto” y claramente inadecuadas como “la instalación de algunas cajas nido y el rastreo GPS de algunos ejemplares de águila culebrera y aguilucho cenizo”.
También se quejan de la ausencia de documentos esenciales en el EsIA, como el Informe de Afección al Patrimonio Cultural o un Estudio Anual detallado de la avifauna, lo que debería ser motivo suficiente para rechazar el proyecto, consideran. El primer proyecto puesto a consulta pública en junio de 2024 no recibió resolución, probablemente debido a sus impactos ambientales y al volumen de alegaciones presentadas. Lamentan que a pesar de esto, “la empresa insiste y vuelve a presentar el proyecto en marzo de 2025”, ahora sin incluir la línea de evacuación y utilizando procedimientos urgentes considerados ilegales que acortan drásticamente los tiempos de presentación de alegaciones. Critican que la última exposición pública tuvo solo 15 días hábiles, coincidiendo con la Semana Santa, dificultando la respuesta social.
Desde la Plataforma reiteran que no están en contra de las energías renovables, sino de su implementación irracional en el entorno natural. “Apoyamos las renovables en cubiertas y zonas degradadas, pero no permitiremos la destrucción de nuestros espacios naturales protegidos”, afirman. Advierten que de aprobarse este proyecto, recurrirán a todas las vías legales disponibles, incluyendo acciones contencioso-administrativas o denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en instancias europeas y apelaciones al Parlamento Europeo.
