¿Es cierto que votar a Vox podría beneficiar a la izquierda?

Sí, por los efectos de la ley D’Hondt en la primera las ‘Españas electorales’

Cuanto más pequeño es el número de escaños a repartir, menos proporcional resulta el reparto de votos. En las provincias de tres, cuatro o cinco escaños, Vox puede arrebatar suficientes votos al PP como para complicarle obtener un segundo escaño pero no tantos como para alcanzar ellos su propio diputado. Al final, el diputado en liza podría acabar, en efecto, en manos de uno de los partidos de la izquierda, o en las provincias con partidos independentistas, en uno de estos.

La realidad es que el voto a Vox funcionará mejor en la ‘España de las circunscripciones grandes’. Es el mismo mal que aquejó a Izquierda Unida durante décadas por su implantación territorial relativamente baja, el que sufrió Ciudadanos en 2016, y el mismo efecto del que se benefician los partidos nacionalistas, con menor número de votos pero mayor concentración en sus regiones, lo que les permite tener un mejor rendimiento en término de votos y escaños.

De aquí surge también el incentivo de algunas formaciones de formar coaliciones para poder ser más competitivos, como la firmada esta semana en Navarra por UPN con PP y Ciudadanos, Navarra Suma, para presentarse juntos en esta comunidad en las elecciones de abril y mayo.

¿Cómo se podrían corregir estos efectos?

La respuesta es tan clara como compleja: una reforma electoral. Un sistema electoral consta de tres elementos básicos: el número total de diputados, el reparto de estos en circunscripciones y la fórmula electoral, y cambiar uno de ellos o todos supondría una drástica transformación de las reglas del juego político y del comportamiento de los jugadores.

De estos elementos, solo el segundo -la circunscripción española es la provincia- está fijado en la Constitución, y requeriría una reforma de esta para transformarlo y que la circunscripción pasara a ser única, como en las elecciones europeas, o la comunidad autónoma.

Pero sin un consenso amplio para la reforma de la Constitución, de modo que se fijara un sistema que no beneficiara solo a una de las partes, ello no sería posible ni conveniente, y se entraría en otro debate político de fondo: el mayor peso de las provincias pequeñas se defiende por la necesidad de dar voz a la “España vaciada”. “En la práctica no sirve para promocionar su desarrollo”, objeta Francesc Pallarés. “Si se quiere instalar un depósito de residuos en Soria o en Lérida, aunque tengan dos, tres o cuatro escaños de prima se lo van a poner igual, porque el resto de diputados van a votar ponerlo allí”.

Sin necesidad de una reforma constitucional, se pueden modificar los otros dos elementos. La legislación permite tener hasta 400 diputados en el Congreso -en la actualidad son 350-, y cuantos más se eligieran más proporcionalidad se conseguiría en conjunto. Sin embargo, esta medida no goza de popularidad y no es la preferida por quienes propugnan una actualización del sistema.

El cambio en la fórmula electoral aparece como la reforma más sencilla, con la llamada fórmula de Saint-Lägue como la favorita para sustituir a la ley D’Hondt, porque afina la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas y medianas, de modo que el porcentaje de escaños esté más parejo al de los votos. Bastaría con una mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica que regula el sistema electoral (LOREG), y reduciría los argumentos a favor del sempiterno “voto útil”.

 

 

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