(Tokio/Japón/Agencias) Tokio estableció las 14:40 hora local del viernes como el fin del plazo dado por el Estado Islámico (ISIS, en inglés) en un video en el que reclamaba 200 millones de dólares al Ejecutivo japonés con el fin de salvar la vida de los rehenes. Sin embargo, las autoridades no recibieron “ningún mensaje” por parte del grupo yihadista, informaron fuentes próximas al gobierno.
“La situación es muy tensa”, dijo a la prensa el secretario del Gabinete nipón, Yoshihide Suga.
El Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, insiste en que no ha recibido una comunicación directa por parte del grupo yihadista en relación con unos plazos concretos por lo que considera que cumplió 72 horas después de que el Ejecutivo tuviera noticias del video subido a internet el pasado martes.
“Hemos recibido todo tipo de informaciones, pero no hemos sido capaces de confirmar en qué estado se encuentran” los rehenes, explicó esta mañana el ministro portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga.
Por su parte, Abe volvió a pedir el jueves a sus ministros, durante una reunión de emergencia con su Gabinete, que hicieran todo lo que estuviera en su mano para liberar a los dos ciudadanos japoneses, identificados como Haruna Yukawa y Kenji Goto, de 47 y 42 años, respectivamente.
Pocas horas antes de que se cumpliera el plazo, la madre de Goto, periodista especializado en zonas de conflicto, hizo un llamamiento al Estado Islámico para que liberaran a su hijo.
En una comparecencia ante los medios, Junko Ishido, dijo que su hijo no es un enemigo del Estado Islámico y recordó que Japón es un país pacifista que no se involucra en conflictos bélicos.
Desde el pasado martes, el Ejecutivo japonés ha llevado a cabo una intensa campaña de contactos con líderes internacionales, incluidos los de varios países de Oriente Medio, buscando apoyos para lidiar con la complicada crisis.
Mientras, el Gobierno reveló que ha tratado de establecer contacto con el Estado Islámico a través de “varios canales” en territorio sirio, entre ellos, líderes de grupos armados y mediadores de las comunidades locales.
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