Fiscalía pide evitar la impunidad en casos como el “depredador asesino” de Marta Calvo

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La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha exigido derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece un máximo de seis meses de instrucción, para evitar la impunidad de los agresores en casos como el del “depredador asesino” de Marta Calvo.

Así lo ha defendido en la presentación de la memoria de la Fiscalía de 2018 en Les Corts, en relación a la joven por cuya muerte está en prisión Jorge Ignacio P.J., quien aseguró que la había descuartizado y tirado a contenedores tras su muerte accidental en un episodio de sexo y cocaína.

“Tenemos actualmente un depredador asesino que va asesinando mujeres; no hay nada que justifique que los fiscales tengan que cerrar la instrucción en seis meses y después el proceso se dilate más de año y medio en un juzgado penal”, ha subrayado Gisbert en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, la primera desde que fue nombrada en febrero.

En concreto, la memoria de la Fiscalía advierte que el artículo 324 de la Lecrim “hace recaer solo sobre el ministerio fiscal” la revisión de los expedientes judiciales que no están físicamente en su poder, además de defender que “el problema de la lentitud no está en la instrucción, sino en el tiempo de señalamiento para juicio oral”.

EL JURADO, VOLUNTARIO Y NO OBLIGATORIO

Más allá de este caso, propone reformar la Ley del Jurado, al entender que “no tiene razón de ser” que algunos delitos castigados con multa o unos meses de prisión supongan juicios que se alargan durante días. También apuesta porque sea voluntario y no obligatorio formar parte de un jurado.

En materia de violencia de género, la Fiscalía de la Comunitat pide la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa a la obligación de declarar por razones familiares, ante “la imposibilidad de saber si se hace por temor, coacción o simplemente porque se es consciente de que lo denunciado no era cierto”.

Por otro lado, plantea la posibilidad de que el cese de la patria potestad se pueda llevar a cabo mediante un acto de jurisdicción voluntaria, sin tener que acudir a un juicio ordinario de tramitación más lenta, y lamenta la intervención “superflua” del ministerio fiscal en el ámbito laboral-social y contencioso-administrativo.

También pide revisar el régimen de guardias de las fiscalías de menores, algunas con un volumen de trabajo tan elevado que “haría aconsejable que se instauraran las de 24 horas”, y atender la imparcialidad objetiva de los jueces de menores y la implantación de un criminólogo en los equipos técnicos para “atender brotes delincuenciales y las necesidades de los menores desde otra perspectiva”.

 

 

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