Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales

img_4548Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las  garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos  penales

Posición de la ponente con respecto a la propuesta de la Comisión La ponente es favorable a los objetivos generales de la propuesta y apoya decididamente el establecimiento de una justicia adaptada a los menores.

No obstante, opina que en algunas de las cuestiones suscitadas la propuesta requiere mejoras. La ponente desea destacar en primer lugar que, lamentablemente, no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva algunos regímenes disciplinarios nacionales, aunque se trate de regímenes que se aplican a menores que hayan cometido un acto calificado de infracción, y contemplen, llegado el caso, la posibilidad de imponer a menores ciertas medidas restrictivas (p.ej. medidas de protección o medidas de educación).

De conformidad con el considerando 9, la Directiva «debe aplicarse también a las infracciones cometidas después de la edad de 18 años por el mismo sospechoso o acusado y que se investiguen y juzguen conjuntamente, por estar inextricablemente ligadas a las infracciones penales por las que se incoó el procedimiento penal contra la persona en cuestión antes de que cumpliera los 18 años.» Esta precisión debería incluirse también en el Artículo 2. Además, la infracción deberá juzgarse como «inextricablemente ligada» a una infracción cometida antes de cumplirse los 18 años cuando la misma se considere clave para la comisión de la posterior, o la posterior se hubiere cometido para garantizar la impunidad de la primera.

La ponente considera que se debe garantizar a los menores y a los titulares de la responsabilidad parental el derecho a una información íntegra. Se opone a exceptuar las infracciones leves. Por consiguiente, a los efectos del artículo 4 de la propuesta, cualquier referencia que se haga a la Directiva 2012/13/UE debería exceptuar el artículo 2, apartado 2, de la misma.

Por los mismos motivos se adhiere a la apreciación de que los menores no deben poder renunciar a su derecho a asistencia letrada. No es partidaria tampoco de que la asistencia letrada se considere solo facultativa en los procedimientos judiciales por infracciones penales de menor repercusión para la sociedad (p.ej. infracciones de tráfico menores, infracciones menores de orden público, etc.). En caso de plantearse una sanción de carácter penal (independientemente de la autoridad que la imponga), la asistencia letrada debería ser obligatoria siempre. Por consiguiente, la aplicación de la Directiva 2013/48/UE a la que remite el artículo 6 de la propuesta, deberá entenderse en este caso exceptuando el artículo 2, apartado 4, de la misma. La ponente también se adhiere al principio de las evaluaciones individuales, contempladas por el artículo 7.

Sin embargo, en ningún caso, la evaluación individual debe servir para la obtención de pruebas contra el menor. Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la obligación de realizar la evaluación individual, siempre que se hubiere efectuado anteriormente una evaluación en el contexto de una infracción similar. La ponente no es en absoluto partidaria de la grabación en video de las interrogaciones a menores, que la propuesta pretende establecer incluso con carácter obligatorio cuando se hubiere aplicado una medida de privación de libertad (artículo 9).

La presión ejercida sobre el menor en tales casos es excesiva, y las grabaciones conllevan un riesgo de difusión. En cambio, la ponente opina aconsejable establecer la asistencia obligatoria por un psicólogo debidamente formado. A su juicio, el derecho a la libertad implica que los Estados miembros garanticen que todo menor al que se imponga, antes de su eventual condena, una medida de privación de libertad tenga derecho a protestar válidamente contra la misma, y en cualquier caso, a que la medida sea reevaluada periódicamente por un tribunal. El artículo 10, apartado 2, debería modificarse en consecuencia. Por otra parte considera adecuado que las medidas alternativas enunciadas en el artículo 11 incluyan medidas de justicia reparadora.

Con respecto al artículo 12, apartado 1, la ponente considera que si no se exige la creación de establecimientos penitenciarios especiales para menores, al menos deberán habilitarse zonas separadas dentro de los centros ordinarios en las que no sea posible entrar en contacto con presos adultos. Subraya que los menores deben ser juzgados a puerta cerrada, y que en cualquier caso, los medios de comunicación no deben tener acceso a la sala en la que tenga lugar una vista oral con un menor. El artículo 14 debería modificarse en consecuencia. Por cuanto respecta al derecho del menor a estar presente en el juicio en que se dirime su culpabilidad (artículo 16), los Estados miembros deberán garantizar que no se dicte ninguna resolución judicial en ausencia del menor cuando el acusado ha acreditado una razón de peso, como una enfermedad grave o el fallecimiento de un familiar, que le impida estar presente en la vista.

En el artículo 17, apartado 1, entre las remisiones a los derechos que deben aplicarse en caso de un procedimiento de lo orden de detención europea, será oportuno añadir una remisión al artículo 13. Los costes resultantes de la evaluación individual, el examen médico o el interrogatorio de un menor (artículo 21) deberían, en caso de sentencia absolutoria, correr siempre por cuenta del Estado miembro, y en caso de fallo condenatorio, a cargo del titular de la responsabilidad parental, excepto si en consideración de las circunstancias concretas del caso, en particular, de los ingresos familiares, se estimare contrario al mejor interés del menor.

El artículo 22 debería llevar un título distinto, menos equívoco, por ejemplo «nivel de protección», como el artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra un principio equivalente, y debería completarse con una cláusula que precise que la Directiva no afecta de ningún modo al debido respeto de los derechos fundamentales ni de los principios legales a los que hace referencia el artículo 6 del TUE, y que no afectará a ninguna de las obligaciones incumbentes a las autoridades públicas en esta esfera.

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