Golpe a los medios

Alfons Àlvarez.

Periodista.

Miembro de Acicom (Associació Ciutadania i Comunicació)

18 de julio de 2012. La mayoría del Consejo de Administración de RTVV -no hace falta precisar que todos los miembros designados por el PP-, aprueba un Expediente de Regulación de Empleo por el cual se prevé reducir en 1.295 trabajadores una plantilla de 1.695 personas.

La fecha escogida no es baladí. Ese día se cumplía el 76 aniversario del levantamiento militar del general Franco contra el régimen democráticamente elegido por todos los españoles y españolas. Hay muchas formas de dar un golpe de estado contra las libertades, Franco optó por una. El PP lo está haciendo de otra. El tiempo no pasa en balde. Tampoco las circunstancias son las mismas. Ni los objetivos. Desde las elecciones generales del 20N de 2011 que regaló al PP la mayoría absoluta, gracias en parte a ocultar su verdadero programa de gobierno, los datos económicos del país se han precipitado al vacío. Y las medidas adoptadas por el PP, con la excusa de la crisis y las presiones de la troika, no han hecho más que ahondar en una perversa espiral hacia el infierno. Hoy somos más pobres que ayer, pero con toda seguridad menos que mañana. El PP utilizó la crisis para llegar al gobierno, ahora la utiliza para acabar con la democracia.

Al PP no le duele el dolor de los más castigados por la crisis. Le duele que se sepa. Le duele que el dolor de los más dolidos repercuta en sus apoyos electorales. Eso es lo que más le duele. Su comportamiento es de manual. Para evitar que el dolor de la mayoría se imponga a las risas y aplausos de sus diputados -euforia en la que los exabruptos de Andrea Fabra, tras anunciar Rajoy el recorte de las prestaciones a los parados, sólo son la anécdota-, el gobierno de Rajoy ha optado por aumentar la represión policial y reducir al máximo la libertad de expresión. Para ello utiliza dos mecanismos, el cambio legal y el sometimiento de los medios públicos a la voluntad del gobierno.

Las contrarreformas legales, realizadas por decreto ley y por tanto con el mínimo debate parlamentario, han sido de profundo calado y afectan a nuestra calidad democrática. El primer cambio importante en los medios de comunicación ha sido volver a hacer de RTVE una radio televisión de partido.

La reforma de RTVE llevada a cabo en 2006 por JLR Zapatero supuso la desgubernamentalización de la radio televisión pública. El nombramiento del presidente de la Corporación RTVE por mayoría cualificada de 2/3 de las Cortes Generales suponía arrebatar al partido gobernante la capacidad de nombrar al máximo responsable de RTVE. Una sumisión que de una forma u otra arrastraba RTVE desde su creación en tiempos de Franco.

Los dos presidentes de la Corporación nombrados desde 2007 por consenso de los dos principales partidos, PSOE y PP, –Luis Fernández y Alberto Oliag– elevaron la credibilidad de RTVE a niveles desconocidos y lograron mantener los índices de audiencia por encima del resto de radio televisiones públicas y comerciales, a pesar de haber prescindido de una parte importante de su plantilla y haber renunciado a la publicidad como fuente de financiación.

El paso atrás dado por el PP en RTVE sólo se justifica en su profunda desconfianza de la libertad de expresión y de los profesionales que la hacen posible. La reducción de los miembros del Consejo de Administración, con la desaparición de la representación sindical, y el que dejen de cobrar por su trabajo, suponen un importante menoscabo en su papel como órgano de gestión y control de la radio televisión pública.

A nadie se le escapa que estas contrarreformas impulsadas gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP y mediante decreto ley, van en la dirección de concentrar todos los poderes en el Presidente de la Corporación RTVE –nombrado por el partido gobernante- que a  partir de ahora podrá hacer y deshacer a su antojo.

Lo estamos viendo ya, apenas unas semanas después del nombramiento de Leopoldo González-Echenique como máximo responsable de RTVE. Su designación, en segunda vuelta y por mayoría simple, fue posible por el cambio legal realizado por el PP que durante meses boicoteó cualquier posibilidad de consenso con el gobierno socialista para acabar con la interinidad ocasionada por la dimisión, el 6 de julio de 2011, de Alberto Oliag como Presidente de la Corporación.

El reciente nombramiento de Julio Somoano –procedente de TeleMadrid, una de las televisiones autonómicas más manipuladas por el PP-, es un síntoma más de que el gobierno de Mariano Rajoy ha optado por recortar la pluralidad e independencia necesarias para elaborar unos informativos creíbles.

Además, Somoano ha afirmado, en reiteradas ocasiones, la necesidad que tiene el PP de impregnar de ideología conservadora toda la rejilla de la programación televisiva, para imponer el catálogo de valores de la derecha a una sociedad abierta y tolerante como la española. Malos tiempos pues para una radio televisión pública plural e independiente del gobierno de turno.

Cuando se tiene mayoría absoluta y se gobierna mediante decreto ley suele despreciarse el diálogo y el consenso como cualidades intrínsecas del sistema democrático. Y eso está haciendo el PP con la consiguiente devaluación de nuestra democracia.

Suprimida la libertad y cualquier posibilidad de crítica en RTVE, al gobierno tan solo le queda garantizarse que los medios públicos de gestión autonómica tampoco le causen problemas. Anulado cualquier atisbo de independencia y pluralidad, los únicos problemas que puede temer el PP son los económicos.

Desde su puesta en funcionamiento en 1989 hasta nuestros días, la plantilla de RTVV ha pasado de poco más de 400 trabajadores a más de 1600. Un crecimiento exponencial ocurrido, en su mayor parte, durante los años de mandato del PP. Cuatro legislaturas en las que no han faltado los escándalos, tanto económicos como sexuales, los enchufismos, las opacidades, y la conversión de la dirección de informativos de Canal 9 en un apéndice del gabinete de prensa de la Generalitat.

La no resolución de la forma en que las radio-televisiones autonómicas se financian ha llevado a su progresivo endeudamiento. La caída de ingresos publicitarios por la crisis, y la fragmentación de las audiencias por la mayor competencia tanto de los nuevos canales de TDT como de la televisión vía internet -tal como preveía el “informe de los sabios” elaborado por el equipo de asesores a los que Zapatero encargó estudiar el marco de las reformas que había que acometer en los medios de comunicación de titularidad pública- ha puesto en un brete la pervivencia de estas radio televisiones. Unos medios públicos que el PP siempre ha considerado como meros instrumentos de propaganda.

Por tanto, a los que hay que buscar una salida para que cuesten menos al erario público sin dejar de ser útiles para los intereses partidistas del PP. El caso valenciano se ha visto incrementado por la exagerada mala gestión y el desvió de numerosos fondos públicos hacia particulares o a satisfacer demandas del propio partido en el gobierno, el Partido Popular. No hay más que echar una mirada atrás y repasar el latrocinio que supuso la visita del Papa en 2006, con la escandalosa contratación de la red mafiosa Gürtel, o los continuos desembolsos económicos para financiar al Valencia C.F o la contribución –también en dinero- a la celebración de grandes eventos como la Fórmula 1.

Para acometer el desmantelamiento y privatización de las radio televisiones públicas autonómicas, el PP ha necesitado dotarse de dos instrumentos legales: el que le permite entregar parcelas de su gestión y programación a la iniciativa privada, y una contrarreforma laboral que le posibilite reducir las plantillas a su mínima expresión y con el mínimo coste económico. Una vez listos ambos requisitos, tan solo queda que los Consejos de Administración den su visto bueno. También en ese terreno el PP hace uso y abuso de sus mayorías absolutas para imponer sus criterios al resto de fuerzas políticas y sociales sin necesidad de ningún tipo de consenso ni de negociación.

La mal llamada reforma laboral se está convirtiendo en una máquina para destruir empleo. Ver cómo quiere aplicarla el PP a RTVV, es un buen ejemplo. No se trata solo de un problema económico, que también, sino más bien de una cuestión ideológica. La cosmovisión conservadora necesita de un discurso único, lo más uniforme posible de todos los medios de comunicación, para imponerse a la sociedad. La crisis económica, como en otras muchas áreas de la sociedad, es la excusa perfecta para llevar a cabo la demolición de los servicios públicos. Una forma poco sutil de acabar con los derechos de la ciudadanía. Una forma de sustituir a ciudadanos formados y críticos por súbditos incultos y obedientes.

Con esta demolición planificada de los medios de comunicación públicos, además del recorte de la libertad de información -adelgazando la dieta mediática de la ciudadanía a niveles de anorexia-, el PP pretende garantizarse, mediante su traspaso a empresas amigas, la fidelidad a su discurso. De forma parecida a como ocurre en sanidad y en educación, la gestión privada encuentra en la comunicación un nicho para su negocio, mientras que contribuye a la hegemonía de la ideología más conservadora.

Un panorama que ya adelantó George Orwell en su magnífico relato “1984”, una ficción distópica escrita en 1948, en la que apuntaba algunos de los actuales mecanismos de dominación de los que se vale la derecha, como la Policía del Pensamiento o la neolengua plagada de eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre. Retazos de una sociedad orweliana a la que cada día nos parecemos más. Por contra, tener una correcta percepción de las cosas –algo que garantiza una buena información- siempre es el mejor antídoto para combatir la ignorancia y la manipulación. Como todo el mundo sabe, la información nos ayuda a ser libres.

Pero no todo el jamón es magro. No todo lo público es rentable para los inversores privados. Ni toda la radio televisión pública es negocio. Por ejemplo, la producción de programas informativos no suele ser codiciada por la iniciativa privada. Son productos con un elevado coste de producción, si se quiere que sean competitivos, al necesitar un amplio despliegue de medios, con una importante red de corresponsales y numerosos periodistas, tanto gráficos como redactores, por lo general con una elevada cualificación profesional. Por eso, las empresas privadas interesadas en hacer negocio rápido y con un coste relativamente bajo suelen fijarse en otro tipo de programas. En la parte más apetecible del pastel casi siempre están los fondos documentales.

Comerciar con las imágenes almacenadas en los archivos de las radio televisiones públicas suele ser un negocio bastante rentable. De manipulación fácil, además de ser fundamentales para ilustrar cualquier background informativo -esas noticias complementarias que sirven para contextualizar la información, tan útil para comprender mejor el por qué de las cosas que ocurren-, son la base para alimentar numerosos programas de entretenimiento. Así ha ocurrido con los archivos del NO-DO y con los de la propia RTVE, y no solo durante los mandatos de José Mª Aznar. Los fondos documentales siempre son un pilar fundamental para cualquier servicio informativo que se precie. Pero también son un plato apetecible para quienes sólo pretender llenar muchas horas de programación sin necesidad de acometer grandes inversiones económicas. Si además, estos fondos documentales se ceden de forma gratuita, el negocio es redondo.

Los golpes mediáticos por parte del PP a los que estamos asistiendo tienen un elevado coste para la sociedad. Suponen un importante incremento del paro, el abandono de las funciones que justificaron la creación de estos medios públicos de comunicación –garantes de la calidad y objetividad de la información, además de instrumento necesario para la recuperación de la lengua propia y para la cohesión social-, implican la cesión a manos privadas de un patrimonio público en el que se ha invertido una parte de nuestro erario y, en definitiva, la comisión por parte de los poderes públicos de un fraude democrático a la ciudadanía que se ve esquilmada de sus bienes, no solo materiales, si no que también se ve privada del derecho fundamental a tener libre acceso a una información veraz y gratuita, tal como garantiza la Constitución.

La calidad democrática de un país depende de la calidad de sus medios de comunicación. Conociendo la poca calidad democrática de nuestros medios de comunicación públicos podemos colegir la poca calidad de nuestra democracia. Y eso precisamente, la democracia, es lo que pone en peligro medidas como las adoptadas por el gobierno, medidas como los golpes a los medios de comunicación públicos, con los que  el PP pretende recortar la libertad de expresión y limitar el derecho a la información que tiene la ciudadanía.

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