La eurodiputada defiende que miles de migrantes están siendo “maltratados” en Ceuta y compara su acogida con la de los refugiados ucranianos. Sus declaraciones han provocado una dura respuesta por su silencio ante las agresiones sexuales investigadas y por las medidas adoptadas para proteger a las menores.

La crisis migratoria de Ceuta vuelve a situar a Irene Montero en el centro de la polémica. La exministra de Igualdad ha denunciado lo que considera una respuesta marcada por el racismo hacia las miles de personas que permanecen en la ciudad autónoma y ha criticado tanto las condiciones en las que se encuentran como la actuación policial.

Montero ha cuestionado directamente el argumento de que quienes llegaron a Ceuta lo hicieron atraídos por las ayudas públicas y ha comparado la reacción social con la acogida dispensada en España a los refugiados procedentes de Ucrania.

“¿Esto no pasaría si esas personas fuesen blancas? Esto no ha pasado cuando hemos acogido a 350.000 ucranianos”, afirmó, para concluir calificando la situación de “puro racismo”.

La dirigente política sostiene que hay miles de personas en las playas de Ceuta en condiciones extremadamente precarias, con dificultades para acceder a comida, agua, ropa de abrigo y asistencia.

Montero denuncia una “crisis humanitaria”

La eurodiputada ha elevado especialmente el tono al referirse a la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Según sus declaraciones, responder mediante “violencia policial” ante lo que considera una crisis humanitaria constituye “una maldita vergüenza”.

Sus palabras han generado una intensa discusión política y mediática porque coinciden con otro de los asuntos más delicados de la crisis: la seguridad de las mujeres y menores y las agresiones sexuales denunciadas durante las últimas semanas.

Precisamente este punto se convirtió en el eje de una dura tertulia televisiva posterior a las declaraciones.

El debate sobre las menores y las agresiones sexuales

Durante el programa se abordaron las medidas adoptadas para separar y dar prioridad a las menores de edad.

Uno de los participantes explicó que Ceuta dispone de una capacidad muy limitada para acoger menores extranjeros no acompañados y defendió que, una vez identificados, necesitan ser trasladados a instalaciones adecuadas.

La discusión se centró entonces en por qué existe una especial preocupación por las niñas.

En la tertulia se afirmó que la separación pretende precisamente reducir el riesgo de agresiones sexuales, aunque los participantes mantuvieron posiciones enfrentadas sobre cómo interpretar esa circunstancia y sobre la responsabilidad colectiva que puede atribuirse —o no— al conjunto de los migrantes.

Conviene distinguir aquí entre denuncias o investigaciones abiertas y condenas judiciales. Durante el propio debate una de las participantes recordó que no puede calificarse jurídicamente a una persona como autora de una violación antes de que exista una sentencia condenatoria.

La comparación con los refugiados ucranianos

Otro de los grandes puntos de confrontación fue la comparación realizada por Irene Montero con los refugiados de Ucrania.

Sus críticos consideran que las circunstancias son sustancialmente diferentes.

Durante la tertulia se argumentó que quienes llegaron desde Ucrania lo hicieron huyendo de una guerra abierta, mientras que Marruecos no se encuentra en una situación bélica. También se destacó el impacto que supone una entrada extraordinariamente elevada de personas sobre una ciudad con la población y el territorio de Ceuta.

Montero, por el contrario, utiliza la comparación para plantear una cuestión distinta: por qué, a su juicio, la reacción social ante ambos movimientos migratorios ha sido diferente y hasta qué punto influye el origen o el color de piel de quienes llegan.

Críticas por su silencio ante las denuncias de agresiones sexuales

La controversia aumentó cuando los tertulianos cuestionaron que la exministra de Igualdad haya centrado sus intervenciones en denunciar el racismo y las condiciones de los migrantes sin pronunciarse con la misma contundencia sobre las agresiones sexuales investigadas en Ceuta.

En el programa se habló de 16 agresiones sexuales bajo investigación, dato utilizado por varios participantes para reprochar a Montero su silencio.

La crítica adquirió especial intensidad por haber ocupado Montero el Ministerio de Igualdad y haber convertido la lucha contra la violencia sexual en uno de los principales ejes de su etapa en el Gobierno.

La discusión llegó incluso a comparar su reacción actual con la mantenida durante el caso de La Manada, aunque otros participantes insistieron en la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras no existan condenas.

Detenidos trasladados a la península

La presión sobre los recursos de Ceuta también está alcanzando al sistema penitenciario.

Según la información facilitada durante el programa, algunas de las personas detenidas ya han ingresado en prisión preventiva y se están produciendo traslados hacia centros penitenciarios de la península ante las limitaciones de capacidad existentes en la ciudad autónoma.

Al final de la conexión se informó concretamente del traslado de 42 presos, aunque el fragmento aportado termina inmediatamente después de facilitar esa cifra y no permite precisar su destino ni las circunstancias individuales de esos internos.

La controversia alrededor de Irene Montero refleja así uno de los debates más tensos surgidos de la crisis de Ceuta: cómo compatibilizar la protección humanitaria de quienes han llegado, la seguridad de los residentes y de los propios migrantes, la persecución individual de los delitos y un discurso público que evite responsabilizar colectivamente a miles de personas por las actuaciones de determinados individuos.