Joan Ribó declara como investigado por prevaricación e impedimento de derechos cívicos

descarga (21)El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha declarado como investigado este lunes en el Juzgado de Instrucción 9 de Valencia por supuesta prevaricación administrativa e impedimento de los derechos cívicos, tras denunciar un asesor del PP en el Ayuntamiento que les negó el expediente de la encuesta sociológica sobre las fallas elaborada en 2017.

Ribó ha afirmado que no se negó, sino que se retrasó la entrega de información al PP de una encuesta sobre las Fallas, porque lo permite el reglamento orgánico del pleno municipal y para facilitar la defensa ante un expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos.

El alcalde, que no ha respondido a las preguntas del denunciante ni del PP, que ejercen la acusación particular y popular, ha declarado que la actuación del Ayuntamiento fue “legal” y que el secretario del Consistorio argumentó jurídicamente la oportunidad de retrasar la entrega de información.

Ribó ha insistido en que es un asunto que “en el máximo de los casos” corresponde a un contencioso administrativo, pero se ha presentado por lo penal “con una evidente intención política”, y ha agregado que no ha pensado “en ningún momento” dimitir, pues es una “cuestión administrativa y basada en un informe jurídico del secretario”.

“Utilización de la Justicia” 

Ribó ha precisado que no ha respondido a las preguntas de los denunciantes al entender que hacen una “utilización espuria de la justicia”, y que la denuncia está hecha con una “clara voluntad política de intentar demostrar ante la sociedad una cosa que es imposible, el que todos somos iguales“.

“Creo que el sueño de un imputado por corrupción es conseguir que todos sean iguales, y yo creo que en esta casa se sabe muy bien lo que es corrupción de lo que son otras cosas”, ha aseverado Ribó, quien ha recordado que el asesor del PP que presentó al denuncia está investigado en el caso Imelsa y ha registrado una veintena de denuncias.

Por su parte, el abogado del PP, Jorgé Carbó, ha insistido en que se negó información para impedir al PP hacer una labor de oposición “eficiente”, y ha opinado que si el juez instructor considerara que es un asunto administrativo y no penal hubiera rechazado la denuncia.

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