Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, valora “muy negativamente el proyecto del Gobierno de reforma de la legislación sobre el aborto. La derogación de la ley de plazos nos alejará del sistema vigente en la mayoría de los países europeos. La regulación enormemente restrictiva que propone el Gobierno, con inclusión de la penalización en los supuestos de malformación del feto, nos devuelve a tiempos preconstitucionales”.
“Dicha reforma resulta innecesaria, pues existe una aceptación colectiva muy amplia de las normas actuales sobre la materia, que resultan adecuadas a nuestra realidad social. La reforma que impulsa el Gobierno es contraria a la evolución en valores que ha tenido el conjunto de nuestra sociedad. Sin embargo, el ministro Gallardón ha preferido pagar el peaje a determinados grupos de presión, como la jerarquía eclesiástica. Se trata de una regulación que pretende imponer la moralidad propia de una confesión religiosa al conjunto de la sociedad. Pero en un Estado aconfesional no se deben aplicar dogmas de fe a toda la ciudadanía. Con esta decisión el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la mayoría de la sociedad y que no tiene inconveniente en atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
“El resultado de esta reforma será que miles de mujeres tendrán que viajar al extranjero para abortar, como ocurría en la época del franquismo. Y que quienes decidan abortar en nuestro país lo harán en situación de clandestinidad y en condiciones de riesgo para su integridad. Además, esta regulación incrementará las desigualdades sociales entre las mujeres que tengan recursos para poder abortar y quienes no los tengan. Resulta poco comprensible la actuación de un gobierno que recorta constantemente las ayudas familiares y al mismo tiempo criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía resulta más grave la contradicción entre obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones físicas o psíquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la dependencia”.
“Expresamos nuestra preocupación por esta escalada continua de castigos de todo tipo, que son más propios de una sociedad cerrada que de un país democrático. Asimismo, se incorpora un ideario que se pretende imponer forzosamente al conjunto de la población. Nuevamente el Gobierno actúa de forma enormemente autoritaria y erosiona los principios básicos de convivencia en una sociedad plural, en lugar de respetar la libertad y las opciones legítimas de cada persona. Desde Jueces para la Democracia consideramos muy criticable esta intensa vulneración de los derechos de las mujeres, la más grave de nuestra etapa democrática”.
VLC Noticias | Redacción
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