Eran las 7,30 de la mañana del pasado sábado y una patrulla de la Policía Nacional detectó a un motorista que, sin casco, se saltaba un semáforo en rojo en el Paseo de la Castellana, de Madrid. Salieron tras él y, una vez parado, comprobaron que se trataba del juez Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional. Llamaron a una unidad de la Policía Municipal, que le sometío a las pruebas de alcoholemia: en la primera dió 1,12 miligramos de alcohol por litro aire espirado, cuando lo máximo es 0,25. Una segunda prueba, realizada 18 minutos después, ofreció un resultado inferior, pero igualmente ilegal: 0,98. Realizadas todas las pruebas, el juez pudo marcharse a su casa, pero su motocicleta quedó precintada ante la imposibilidad de que pudiera conducirla.
En declaraciones a Efe, el mismo domingo, el juez reconoció los hechos “y asumo las consecuencias que tiene”. Dijo también que “hay circunstancias personales que podrían justificarlos, pero no viene al caso”. A última hora del domingo confirmó su intención de presentar su dimisión ante el Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
El artículo 379 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión -que pueden ser sustituidos por multa o trabajos en favor de la comunidad- y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. Además, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla el cese de los magistrados cuando son condenados “por delito doloso o culpa grave”. El mismo texto establece la posibilidad de suspenderle en sus funciones en caso de ser procesado, y para ello, es necesario el voto favorable de tres cuartas partes de los miembros del Pleno.
