La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de EUPV contra la modificación del PEPRI del Cabanyal

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, junto con el abogado José Luis Ramos, han comparecido en rueda de prensa para anunciar que la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia que presentó la formación de izquierdas el pasado 18 de agosto contra la modificación-adaptación del PEPRI del Cabanyal por no contar con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). “Desde hace tiempo que estamos batallando tanto a nivel político como legal para evidenciar no sólo que el PEPRI anterior está anulado sino que esta modificación-adaptación que plantea el PP y Rita Barberá tampoco es legal y, por eso, decidimos llevar el asunto ante la Comisión Europea. Nos congratulamos porque ha sido admitida a trámite y ahora debemos esperar a que desde esta institución investigue si dicha modificación se ha realizado respetando la ley o no”, ha asegurado el edil.

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Asimismo, para el regidor el hecho de que Comisión Europea haya admitido a trámite esta denuncia “es un obstáculo más para un nuevo PEPRI que desde un principio hemos denunciado que no era más que una pantalla de propaganda política de Rita Barberá y del PP para no reconocer un fracaso evidente desde todos los puntos de vista del propio Plan del Cabanyal y, por tanto, de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez”.

Según ha explicado Sanchis, llama la atención que la solicitud de innecesaridad de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se tramita y se evalúa en correspondencia con el artículo 18 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente. Sin embargo, en 2013 se aprueba la Ley 21, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que declara que se debe aplicar a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Un acuerdo basado en una ley derogada

“Como la modificación-adaptación fue aprobada el 27 de junio de 2014, es de aplicación esta ley de 2013 que obliga a que se tenga que realizar dicha Evaluación Ambiental Estratégica”, ha explicado el concejal. “¿Por qué la administración justifica entonces su acuerdo de no necesidad de Evaluación Ambiental Estratégica en una ley derogada? ¿Por qué en ningún momento se evalúa el impacto que generará la ejecución de todo el PEPRI? ¿Por qué tratar de justificar que la Evaluación Ambiental Estratégica de la revisión del PGOU ya ha evaluado el impacto del PEPRI cuando no es cierto? Es más, ¿por qué no han sido evaluadas otras alternativas como exige la ley?”, ha planteado el regidor tanto al equipo de gobierno del PP como al Consell durante la rueda de prensa.

En definitiva, -ha apuntado Amadeu Sanchis- “se ha admitido una denuncia sobre un Plan que está redactado contrario a lo que dice la Ley, lo dijimos en julio y lo volvemos a decir ahora, y esperamos que sea el obstáculo definitivo para un PEPRI que no se sostiene política, social y económicamente ni tampoco jurídicamente basándose en leyes que son ignoradas tanto por el PP en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat”.

Por su parte, el abogado José Luis Ramos ha recordado que en la modificación-adaptación del PEPRI que se expone al público se hacía constar que un acuerdo de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente señalaba que no era necesaria la Evaluación Ambiental Estratégica. “Desde EU teníamos claro que sí que era necesaria y, por ello, no dudamos y el 18 de agosto presentamos una denuncia ante la Comisión Europea y ahora nos han comunicado que ha sido admitida a trámite”, ha manifestado, quien ha explicado también que los siguientes pasos es que la Comisión Europea emplace al Gobierno Central y éste le pida explicaciones a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente.

En este mismo sentido, Ramos ha indicado que ni para el Consell ni para el Ayuntamiento todo este trámite es nuevo “porque esto ya se denunció hace unos años y, por entonces, la Comisión Europea ya le informó al Gobierno de España que le abría procedimiento y que debía resolver. Tras la Orden del Ministerio de Cultura que paralizó en  2009 el PEPRI se ordenó la suspensión de los actos de ejecución del PEPRI y enseguida el Gobierno lo puso en conocimiento de la Comisión Europea que, al no haber peligro de destrucción de valores protegidos, suspendía las actuaciones”.

También se ha referido el abogado a los argumentos utilizados tanto por el Ayuntamiento como por la Conselleria para no realizar la EAE y que se centran en que se trata de suelo urbano y la legislación no considera obligatorio la realización de la misma en este suelo. Sin embargo, “lo que obvian es que aunque es cierto que la ley dice que en suelo urbano, como regla general, no lo necesita, también es cierto que añade que habrá que valorar los distintos casos teniendo en cuenta la superficie afectada y si la ubicación afecta a un centro histórico”, ha aclarado, quien ha añadido que el impacto “es indiscutible y evidente porque tienen previsto arrasar 1.651 viviendas y afecta a un centro histórico”.

Por último, José Luis Ramos ha insistido en que el Ayuntamiento también dice otra cosa que no es cierta y es que el PGOU de 1988 no tiene EAE porque no se exigía y el PEPRI de 2001 tampoco y que ahora la revisión del PGOU sí que la tiene. “Es cierto, pero también lo es que en esa Evaluación Ambiental Estratégica se contempla la prolongación de Blasco Ibáñez como algo hecho y no se evalúa”, ha concluido.

Valencia Noticias | Redacción. Foto: Valencia Noticias

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