La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha acordado abrir un expediente gubernativo para analizar una denuncia sobre una posible revelación de información reservada del Ministerio Fiscal a un diputado de Vox en Les Corts Valencianes.

La actuación se inicia tras la queja presentada por Compromís, que pidió investigar unas declaraciones captadas por un micrófono abierto durante una comisión parlamentaria en las que el diputado David Muñoz afirmaba haber obtenido “información privilegiada” porque, según dijo, “se lo había dicho la fiscal”.

La denuncia parte de Compromís

La apertura del expediente ha sido comunicada al síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien presentó la denuncia después de que el pasado 15 de julio, durante una pausa de la Comisión de Economía y Hacienda de Les Corts, se grabara una conversación entre dos diputados de Vox.

Según el contenido de esa conversación, David Muñoz comentó a su compañero Jesús Albiol que había utilizado “información privilegiada” y añadió que la conocía porque “se lo había dicho la fiscal”.

La Inspección Fiscal analizará los hechos

Fuentes de la Fiscalía han explicado que el expediente gubernativo constituye el procedimiento inicial para tramitar escritos o denuncias de este tipo.

A partir de ahora, la Inspección Fiscal estudiará el contenido de la denuncia y los hechos expuestos para decidir si procede su archivo o si remite el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria, órgano encargado de valorar la posible apertura de un expediente disciplinario.

Compromís pide que se esclarezcan los hechos

Tras conocer la apertura del expediente, Joan Baldoví ha valorado positivamente la decisión y ha señalado que espera que la investigación llegue “hasta las últimas consecuencias”.

Compromís sostiene que es necesario aclarar si algún miembro del Ministerio Fiscal pudo facilitar información reservada de una investigación penal en curso a un cargo político ajeno al procedimiento. En su denuncia advertía de que, de confirmarse los hechos, podrían haberse vulnerado los deberes de reserva y confidencialidad previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con posibles responsabilidades disciplinarias o incluso penales.

La formación también subrayó que una eventual filtración podría haber perjudicado tanto la investigación judicial como a las víctimas, al tratarse de una causa relacionada con una presunta red de trata de seres humanos desarticulada en la provincia de Castellón.

El PSPV también reclama explicaciones

Por estos mismos hechos, el PSPV también ha solicitado que se adopten medidas jurídicas al considerar que las manifestaciones atribuidas al diputado de Vox son de especial gravedad.

La conversación captada por los micrófonos abiertos incluía además comentarios dirigidos contra la diputada socialista Alicia Andújar, a la que los parlamentarios de Vox calificaron de “bruja”.

Por el momento, la apertura del expediente no supone la existencia de responsabilidades, sino el inicio de un análisis por parte de la Inspección Fiscal para determinar si existen indicios que justifiquen la adopción de nuevas actuaciones.