La Generalitat Valenciana ha presentado un paquete de alegaciones contra la reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. El director general de Costas, Marc García Manzana, exige “seguridad jurídica” para evitar que un solo temporal sirva de excusa para ampliar el dominio público y reclama el blindaje de los núcleos tradicionales de valor etnológico frente al recurso de inconstitucionalidad de Madrid.
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El Consell defiende un modelo que compatibilice la protección del litoral con la actividad económica y la supervivencia de los poblados marítimos históricos. Estas son las líneas rojas presentadas en el documento de alegaciones:
- No a los deslindes por “episodios extraordinarios”: La Generalitat rechaza que el Ministerio pueda expropiar terrenos o ampliar el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) basándose únicamente en un oleaje puntual o temporal severo. Exigen criterios técnicos objetivos y no coyunturales.
- Defensa de los núcleos tradicionales: Tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, la Generalitat insiste en proteger los enclaves con valor patrimonial y humano, calificándolos de “núcleos de valor etnológico”.
- Silencio Administrativo Positivo: Se solicita mantener esta figura en las adscripciones a la Comunidad Autónoma para evitar el bloqueo burocrático del Ministerio.
- Gestión de sedimentos: Valencia reclama que la protección de la costa empiece en las cuencas de los ríos, exigiendo una gestión integral de la arena que llega (o deja de llegar) a nuestras playas.
Paseos marítimos y seguridad jurídica
Otro punto de fricción es el reconocimiento de los paseos marítimos construidos tras la Ley de 1988 como línea de ribera definitiva. El objetivo es dar certidumbre a los edificios ya existentes y permitir usos compatibles que no pongan en riesgo el ecosistema pero mantengan viva la economía local.
Declaración clave: “Una modificación de este calado exige sentarse con las comunidades autónomas. Nos enteramos de forma indirecta”, ha criticado Marc García Manzana, denunciando la falta de “lealtad institucional” del Gobierno central.
