La Generalitat privatiza la tramitación y gestión de las nuevas viviendas protegidas

Un decreto de simplificación administrativa traslada a entidades privadas todo el proceso de calificación y control de las VPO

La Generalitat Valenciana ha aprobado un nuevo decreto ley de simplificación administrativa que introduce un cambio de calado en la política de vivienda: la tramitación y gestión de las viviendas de protección pública dejará de ser competencia directa de la administración para pasar a manos de entidades privadas.

La medida se incluye en el denominado decreto de medidas urgentes contra la hiperregulación y para la agilización de procedimientos, una norma que fue aprobada en el último pleno del Consell de 2025 y que modifica o deroga decenas de leyes y decretos autonómicos.

Entidades privadas asumirán la calificación de las VPO

Uno de los cambios más relevantes afecta a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. El nuevo texto introduce una disposición adicional que atribuye a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas Valencianas la totalidad del proceso de calificación provisional y definitiva de las viviendas protegidas, así como su eventual desclasificación.

Con esta modificación, las resoluciones favorables emitidas por estas entidades privadas se considerarán válidas automáticamente, sin necesidad de una resolución aprobatoria expresa por parte de la conselleria competente.

Un giro en el control administrativo

El nuevo modelo supone que la administración autonómica deja de ejercer de forma directa el control sobre el cumplimiento de los requisitos legales de las viviendas protegidas. La supervisión queda delegada en entidades privadas, mientras que los promotores asumen un mayor peso en la toma de decisiones.

Esta fórmula amplía el esquema de colaboración público-privada ya previsto en el primer decreto del Plan Simplifica, pero va un paso más allá al externalizar por completo un régimen tradicionalmente reservado al control público.

Proyectos habitacionales locales y suelo dotacional

El decreto incorpora además una nueva figura urbanística: los proyectos habitacionales locales. Esta herramienta permitirá a los ayuntamientos promover vivienda en suelos de titularidad municipal que hasta ahora estaban reservados para usos dotacionales como equipamientos educativos, sanitarios o deportivos.

La medida abre la puerta a transformar este tipo de suelos en activos patrimoniales destinados a la construcción de vivienda, sin que exista un periodo mínimo obligatorio de calificación como protegida.

Críticas jurídicas y advertencias institucionales

El alcance del decreto ha generado reparos en órganos consultivos. La Abogacía de la Generalitat ha advertido de nuevo sobre el uso reiterado del decreto ley para modificar un volumen muy amplio y heterogéneo de normas, una práctica que también ha sido cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu.

Ambos organismos alertan de los riesgos de una técnica legislativa deficiente y de los efectos negativos que pueden derivarse de reformas tan profundas aprobadas por vía de urgencia.

Reacción política

Desde la oposición se critica que el decreto consolida un modelo territorial orientado a la liberalización del suelo y a la reducción de los estándares urbanísticos. Se cuestiona especialmente la privatización del control de la vivienda protegida y la eliminación de obligaciones mínimas de cesión de suelo para dotaciones públicas.

También se denuncia que el uso del decreto ley para una reforma de este alcance limita el debate parlamentario y el consenso necesario en una materia tan sensible como la vivienda.

Un cambio estructural en la política de vivienda

La aprobación de este decreto marca un punto de inflexión en la gestión de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana. La externalización de la tramitación y el control plantea interrogantes sobre la supervisión pública, el modelo urbano y el equilibrio entre agilización administrativa y garantías legales.

El impacto real de la medida se evaluará en los próximos meses, a medida que las nuevas promociones se acojan al nuevo sistema y se compruebe su funcionamiento en la práctica.

Etiquetas: VPO, vivienda protegida, Generalitat Valenciana, urbanismo, decreto ley, suelo público