Título: La jueza de la DANA mantiene separadas las acusaciones pese a la solicitud de unificación
El juzgado que investiga la gestión de la DANA sigue acaparando la atención con los nuevos movimientos en el caso que involucra a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y a su adjunto, Emilio Argüeso. La Audiencia ha ratificado en gran medida el proceso de instrucción de la jueza de Catarroja, a pesar de las diferencias con la Fiscalía en algunos aspectos.
Durante la jornada, la magistrada ha resuelto sobre la petición de unificar las acusaciones populares y particulares, propuesta por las defensas con el fin de agilizar el proceso, una opción que la Fiscalía contemplaba con ciertos matices. Sin embargo, la jueza ha decidido mantener la estructura actual de las partes procesales, rechazando la unificación. La causa, que ha despertado un notable interés mediático y ha aglutinado a una docena de organizaciones, entre partidos políticos, sindicatos y otras entidades, continuará con su curso actual.
La instructora argumenta que, pese a la multitud de abogados, el desarrollo de las diligencias no se ha visto afectado, debilitando así los argumentos de las defensas de Pradas y Argüeso. Además, señala la diversidad de estrategias y la falta de coincidencia de intereses entre las diferentes acusaciones, tanto en el carácter popular y particular, como en su lineamiento ideológico.
Otros motivos para rechazar la solicitud de las defensas incluyen el respeto a la tutela judicial efectiva, ya que una agrupación forzosa limitaría la autonomía de las representaciones legales y su capacidad para presentar pruebas o diligencias.
La jueza destaca las diferencias evidentes en la estrategia judicial de las acusaciones populares, algunas de las cuales comparten tesis con los investigados, reflejando su orientación ideológica. El auto subraya que no se puede obligar a las representaciones a seguir tesis acusatorias no compartidas.
Entre las propuestas de Pradas y Argüeso estaba la posibilidad de que Podemos dirigiera la acusación popular, dado que fue el primer partido en pagar la fianza para participar en el proceso penal. Esta opción fue considerada inviable por la magistrada.
Aunque se mantiene el esquema actual, se han anunciado cambios futuros en la manera de permitir la entrada de nuevas acusaciones populares. Cualquier nuevo interesado deberá integrarse con aquellas acusaciones ya presentes.
A ocho meses del inicio de la investigación, y con numerosos trámites judiciales ya completados, parece improbable que nuevas organizaciones decidan sumarse a la causa, especialmente si no pueden conservar su independencia respecto a las existentes. Aunque existen precedentes de unificación de acusaciones en otros casos, como el caso Azud, no será aplicable en este procedimiento, al menos hasta que la Audiencia emita una nueva resolución.
