La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha rechazado la petición para que declare como testigo el concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, al considerar que su testimonio no aportaría información relevante distinta a la ya ofrecida por la alcaldesa, María José Catalá.
La decisión responde a una solicitud formulada por la acusación popular ejercida por el PSPV, tras la comparecencia de la primera edil ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
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La magistrada considera que su declaración sería reiterativa
En el auto, la instructora sostiene que la petición carece de la justificación suficiente para acordar la comparecencia del edil.
La jueza argumenta que la información que podría aportar Juan Carlos Caballero sería, previsiblemente, similar a la ya facilitada por la alcaldesa durante su declaración judicial, en la que explicó el desarrollo de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), los asuntos tratados y la información que recibió el Ayuntamiento de Valencia durante la jornada del 29 de octubre y los días previos.
Catalá manifestó durante su declaración que desconocía el riesgo que representaba el barranco del Poyo para la pedanía de La Torre y aseguró que el consistorio no recibió ninguna alerta específica sobre esa situación.
Ya han declarado otros testigos sobre La Torre
La magistrada también considera que la investigación ya dispone de testimonios directos sobre la situación vivida en la pedanía de La Torre.
En este sentido, recuerda que ya han declarado el alcalde pedáneo de La Torre y dos bomberos municipales de Valencia, cuyas manifestaciones, a juicio de la instructora, permiten conocer de forma directa las circunstancias que se produjeron en esa zona durante la dana.
Rechazado otro recurso relacionado con la investigación
En otra resolución dictada este lunes, la jueza también ha desestimado un recurso presentado por una acusación particular que solicitaba investigar si la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, pudo haber incurrido en un delito de falso testimonio durante su declaración como testigo.
La magistrada mantiene el criterio expresado en un auto anterior, fechado el 3 de julio, en el que señalaba que la versión ofrecida por Mazzolari coincidía con la de otros responsables públicos que afirmaron desconocer determinadas circunstancias de la gestión de la emergencia.
La posible existencia de un falso testimonio se analizaría más adelante
La instructora recuerda además que, conforme al procedimiento penal, una eventual deducción de testimonio por un posible delito de falso testimonio no resulta procedente en esta fase de la investigación.
Según expone en la resolución, aunque pudieran apreciarse contradicciones o respuestas evasivas, esa valoración deberá realizarse, en su caso, en un momento procesal posterior.
La investigación judicial sobre la gestión de la dana continúa avanzando con nuevas declaraciones de cargos públicos y responsables de distintas administraciones para esclarecer la actuación de las instituciones durante la emergencia que afectó gravemente a numerosos municipios de la provincia de Valencia.
