La jueza que investiga la gestión de la devastadora dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia, ha decidido, “por el momento”, no volver a citar a Maribel Vilaplana. Vilaplana, periodista, almorzó con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la inundación. La jueza también ha consultado a la exconsellera de Justicia e Interior, quien está siendo investigada, si desea volver a declarar, ya que lo hizo hace algunos meses.
Esta decisión se refleja en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja. En dicho auto, se descarta temporalmente volver a llamar como testigo a la periodista Vilaplana, quien estuvo con Mazón el 29 de octubre de 2024, pese a las peticiones de la acusación popular representada por el partido Ciudadanos y otra acusación particular.
La jueza argumenta que es necesario primero tomar declaraciones de otros testigos del equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos había solicitado esta nueva citación alegando posibles falsedades en el testimonio de la periodista, basándose en versiones del dueño del restaurante El Ventorro y en fotografías presentadas sobre el reservado donde ella y Mazón comieron. No obstante, la magistrada también desestima la investigación por falso testimonio contra la periodista, ya que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esto demandaría una verdad procesalmente establecida.
La jueza deja la puerta abierta para que Vilaplana pueda volver a declarar si así lo manifiesta públicamente o ante el juzgado.
En relación a la petición realizada por la acusación popular de Podemos, la jueza ha decidido preguntar a la defensa de la exconsellera si intenta volver a declarar en sede judicial. Esto ocurre debido a la próxima emisión de una entrevista con la exconsellera que se transmitirá en el programa Salvados de La Sexta. Si la respuesta es afirmativa, se requerirá a Atresmedia la entrega del material del programa. La jueza subraya que toda declaración de un investigado debe realizarse con asistencia legal adecuada y dentro del marco de este procedimiento, como una garantía para la persona investigada.
