Una jueza de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la DANA que resultó en 229 muertes y cuantiosos daños en la provincia de Valencia, ha decidido incorporar al caso todas las grabaciones proporcionadas por la Conselleria de Emergencias del 29 de octubre. Estas grabaciones corresponden tanto a la jornada matutina como a la reunión del Cecopi, que se llevó a cabo a las 17:00 horas en el Centro de Coordinación de l’Eliana.
La decisión, contenida en un auto del pasado 6 de octubre contra el cual todavía puede interponerse recurso, detalla que las grabaciones son esenciales para la investigación. Fueron entregadas el 3 de octubre y abarcan tanto imagen como sonido. La jueza resalta que esta documentación es fundamental para esclarecer las declaraciones de los implicados, convirtiéndolas en un instrumento necesario para el procedimiento.
Asimismo, la jueza recuerda que se había pedido a la Conselleria de Emergencias documentación o grabaciones del Cecopi del 29 de octubre. Sin embargo, según un oficio de la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, emitido el 4 de marzo, no existe tal registro debido a que el Cecopi no se considera un órgano colegiado bajo la Ley 40/2015, por lo que no se registran actas ni grabaciones de sus sesiones.
No obstante, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ofreció al tribunal un recurso periodístico: las imágenes grabadas del Cecopi por una productora contratada por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE). En sus declaraciones, Valderrama explicó que se graban recursos periodísticos en cada reunión, y que si se grabó, existe un registro, aunque no del Cecopi como tal, sino de material sin sonido, calificándolo como “recursos periodísticos”.
A raíz de estas declaraciones y habiéndose comprometido el conseller a colaborar de manera transparente, la jueza solicitó estas grabaciones el 18 de septiembre, exigiendo los recursos disponibles desde Emergencias, conforme cubrían la DANA y específicamente el Cecopi. Se subrayó la importancia de tanto las imágenes como el sonido para investigar el momento en que se emitieron alertas, el contenido de las decisiones tomadas y la participación de personas no investigadas formalmente.
La jueza enfatiza la gravedad de los eventos bajo investigación, que incluyen la pérdida de 229 vidas, y destaca que estas grabaciones son un bien público, lo que obliga a su entrega para colaborar con la investigación penal. Las grabaciones muestran detalles críticos, como la llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de los investigados y la interacción de varios altos cargos de Emergencias, como Jorge Suárez e Inmaculada Piles.
Además, pueden verificar la hora de las anotaciones realizadas por la exconsellera acerca de la alerta hidrológica y el trabajo de bomberos, lo que corrobora las intervenciones y presencia de los investigados en el lugar. Estas pruebas son esenciales para entender no solo la presencia física de los implicados, sino también sus contribuciones y decisiones durante la crisis.
