El Tribunal Superior de Justicia ha revelado una serie de decisiones adoptadas por la jueza de Catarroja, que investiga la gestión posterior a las inundaciones provocadas por la DANA. Entre las resoluciones más destacadas se encuentra la negativa a autorizar el acceso a los dispositivos móviles de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, quienes comparecerán este viernes como investigados. Esta solicitud había sido presentada por una acusación particular.
Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones más activas en el caso, había solicitado a la magistrada la recuperación de las comunicaciones telefónicas de los investigados, realizadas a través del servicio adjudicado a Movistar por la Generalitat. Las llamadas comprendidas entre el 24 y el 30 de octubre eran de especial interés, centrándose en las horas críticas del incidente.
La jueza argumenta que el acceso a las comunicaciones vulnera el derecho al secreto de las mismas y únicamente se justifica en casos de presunta comisión de delitos dolosos, motivo por el cual deniega la solicitud. También se rechaza citar como testigo al presidente de la Generalitat Valenciana, atendiendo a una resolución anterior que deja la puerta abierta a que él mismo lo solicite, pero como investigado y no como testigo, respetando así las garantías del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Respecto al Cecopi, la magistrada considera inviable citar a todos los participantes en sus reuniones debido a la falta de espacio adecuado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Además, la jueza ha desestimado la realización de un reconocimiento aéreo de las áreas afectadas, así como tomar declaraciones a responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), alcaldes y concejales, posponiendo estas diligencias hasta que se hayan recopilado las declaraciones de víctimas y familiares.
