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La Ley de Seguridad Ciudadana (fin de la trilogía)

La Ley de Seguridad Ciudadana (fin de la trilogía)

Opción modelo policial

Protesta sancionable?
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Protesta sancionable?

Tal como se pensaba, al parecer los padres de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana son de la rama policial que más jerarquizada está, que no es otra que la encargada del orden público frente a las masas. Resulta toda una imprudencia política basar la seguridad ciudadana por actuaciones que tan solo pueden suponer ni tan siquiera el 10% de las actuaciones policiales, pues el 90% de las actuaciones policiales se dan en la atención directa sobre los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que el resto de actuaciones a quienes están molestando es precisamente al gobierno por su mal gobierno, y a los políticos por su mala conexión con la realidad social.

Este gobierno, de hecho está materializando dos tipos de Policía; La primera, que es la que atiende a los ciudadanos y ciudadanas en sus necesidades más primarias, cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen un problema puntual y requieren de la presencia policial – 90% actuaciones –; Y la segunda, que es aquella que está específicamente para mantener el orden público en los casos de grandes concentraciones de masas – 10% actuaciones –.

Este gobierno prioriza la segunda de las policías frente a la primera, tal vez porque entiendan que la situación socioeconómica de nuestro país requiere de un control más exhaustivo del orden público, haciéndolo de una forma enmascarada, con alevosía y nocturnidad. No existe justificación alguna y está carente de toda lógica, que a los ciudadanos y ciudadanas no se les permita una válvula de escape frente a lo que los ciudadanos y ciudadanas consideran atropellos del gobierno con sus recortes constantes en el llamado “estado del bienestar”, en los denominados “derechos sociales y civiles”. Esta prioridad es un ataque más a la libertad de los ciudadanos y ciudadanas. Está ley, mermará, suprimirá, anulará y borrará de nuestras vidas la forma más directa que tienen los ciudadanos y ciudadanas de manifestar su disconformidad con todo aquello que no está de acuerdo. No poder manifestarse o concentrarse, y aunque en este tipo de manifestaciones o concentraciones, pudieran producirse ciertos acontecimientos no deseados por los organizadores, la amenaza legal de sanciones de hasta 600 mil euros, supone de hecho una “mordaza” legal por actos legales.

Recaudación desproporcionada

Con esta ley, el gobierno se dotará no solo ya de usar la fuerza legal que supone la Policía en sí, también dotará al gobierno de una fuerza administrativa sancionadora de “recaudación desproporcionada” por actos que hasta la fecha los Jueces, a través de sus autos y sentencias han puesto de manifiesto que no puede existir reproche alguno, ni penal ni sancionador administrativo. Tal vez con esta ley se pretenda recaudar aquello que no es capaz de recaudar por la vía de la investigación por los fraudes al erario público.

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Además, se suprimirá el derecho a la propia imagen, catalogando a los ciudadanos y ciudadanas en cómo deben vestir para poder asistir a los actos sociales de protesta, con el inconveniente de que sea el policía el que debe de ser objetivo a la hora de calificar si un ciudadano o ciudadana va bien vestido, como si se tratase de un pase de modelos.

Afortunadamente, tenemos una sociedad civilizada y pacífica. En las concentraciones de grandes masas suelen ser muy pocos los incívicos que pueden tener comportamientos reprochables, y para esos pocos ya existen mecanismos de control que permiten su localización y reproche, bien sea penal y/o administrativo sancionador, sin que el grueso de las concentraciones tenga que verse sometidos.

Nuevas tecnologías

Las redes sociales se han convertido en un peligro para el gobierno. A través de las mismas, las convocatorias fluyen con tal rapidez que el gobierno no puede absorber ni digerir. Como en tantas otras cuestiones, el gobierno no es capaz de conciliarse con las nuevas tecnologías, que servirían para la detección de los pocos incívicos para su posterior reproche social, bien sea penal o administrativo sancionador.

Evitar la criminalización de de actos de protestas sociales es fundamental, acudir a una manifestación no debe ser ilegal, esté o no autorizada, y siempre y cuando sea pacífica. Amordazar a los ciudadanos y ciudadanas en sus diferentes espacios de movilidad, bien sea la calle, o bien seas las redes sociales, simplemente es una muestra de impotencia que pretenden controlar por la vía de la criminalización y de la sanción.

Borrador inexistente

Desde este medio se ha tratado de conseguir el borrador de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Imposible! Es un borrador inexistente!

Probablemente, todos estemos haciendo conjeturas sobre dicha ley, como también es posible que tan solo se lo hayan facilitado a unos pocos para realizar ese globo sonda que mida la temperatura de la calle. Actuación gubernamental con ocultación y premeditación?

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