Familiares recibirán 97.500 euros por “asistencia deficiente” después de una cadena de errores médicos que incluyó diagnóstico tardío de cáncer en etapa terminal.
Valencia, septiembre de 2025.
Una mujer falleció tras soportar múltiples traspiés del sistema sanitario público valenciano: desde retrasos quirúrgicos por fiestas navideñas, hasta el extravío de su vesícula, lo que, según el Consell Jurídic Consultiu, condicionó gravemente su evolución médica.
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De molestias estomacales al diagnóstico tardío
En mayo de 2020 la paciente empezó con molestias intestinales. Al principio los médicos le atribuyeron los síntomas a una gastroenteritis, posiblemente agravada por ansiedad durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, los dolores persistieron. Al regresar al hospital en septiembre, tras una ecografía, se decidió operarla de la vesícula, aunque fue aplazada por estar contagiada de COVID-19.
Durante la operación de extirpación, los médicos perforaron su conducto biliar. A pesar de que el alta médica fue otorgada, los síntomas —dolor constante, diarrea, dificultad para comer— continuaron y nadie alertó de complicaciones.
Diagnóstico de cáncer ignorado
Ante la falta de mejoría, la mujer acudió a un centro privado, donde un TAC detectó nódulos sospechosos. Fue entonces cuando el hospital público confirmó que padecía un cáncer, pero no la operaron de inmediato por “estar desnutrida y por la época navideña”, según el informe.
Finalmente, la intervención se practicó el 20 de enero de 2021 en Valencia, cuando ya se habían detectado tumores en ovarios y colon con metástasis. Al solicitar el análisis de la vesícula extirpada meses atrás para valorar la enfermedad, la familia recibió una gran sorpresa: el órgano se había “perdido”.
Consecuencias fatales y fallo institucional
El estado de la paciente empeoró rápidamente. Una llamada de emergencia fue ignorada por la demora de una ambulancia, por lo que sus hijos la trasladaron en coche al centro. Llegó en estado crítico y murió esa misma noche.
Casi cuatro años después, el Consell Jurídic Consultiu ha fallado en favor de la familia, exige una indemnización de 97.500 euros a la Consellería de Sanidad por “asistencia deficiente” que, según el informe, “condicionó” el desenlace, y por errores en el manejo del análisis del Servicio de Anatomía Patológica.
