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La obligación impuesta por Polonia y Lituania de desplazar a la izquierda el volante de los turismos situado a la derecha infringe el Derecho de la Unión

3678630641_bde08d9dea_zUna medida de ese tipo va más allá de lo necesario para garantizar la seguridad vial 

Los Estados miembros no pueden prohibir, restringir u obstaculizar la matriculación, la venta, la puesta en servicio o la circulación por carretera de vehículos, componentes o entidades técnicas por motivos relacionados con su fabricación o su funcionamiento, o con sus dispositivos de dirección, si tales aspectos cumplen las exigencias de la Directiva marco 2007/46 y de la
Directiva 70/311.

En Polonia y en Lituania, países en los que se circula por el lado derecho de la calzada, el sistema de dirección debe, a efectos de la matriculación de un vehículo, estar situado en el lado izquierdo del vehículo o desplazarse hacia ese lado si anteriormente estaba situado a la derecha.
Al considerar que dicho requisito es contrario a las Directivas 2007/46 y 70/311 (por lo que respecta a los vehículos nuevos) y a las normas del Derecho de la Unión que regulan la libre circulación de mercancías (por lo que respecta a los vehículos matriculados anteriormente en otro Estado miembro), la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia sendos recursos contra estos Estados miembros.
En sus sentencias de hoy, el Tribunal de Justicia señala en primer lugar que, por lo que atañe a los vehículos nuevos, el marco armonizado dispuesto por las citadas Directivas tiene como objetivo el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, así como un nivel elevado de seguridad vial garantizado por la armonización total de las exigencias técnicas relativas, en particular, a la fabricación de los vehículos.
Si bien las Directivas no determinan el emplazamiento de la posición de conducción de un
vehículo disponiendo, por ejemplo, que debe estar siempre situado en el lado opuesto al sentido de la circulación, de ello no se desprende, según el Tribunal de Justicia, que dicho elemento no
esté comprendido en el ámbito de aplicación de las Directivas. A este respecto, procede señalar que el legislador de la Unión concedió a los fabricantes de vehículos automóviles una libertad que las normativas nacionales no pueden suprimir ni obstaculizar.
A continuación, el Tribunal de Justicia subraya que la prohibición de denegar la matriculación prevista por la Directiva 70/311 es categórica y general, ya que los términos empleados, «dispositivos de dirección» cubren también la posición de conducción, esto es, el emplazamiento del volante de los vehículos como parte integrante del dispositivo de dirección.
Como dicha prohibición fue introducida en concreto por el Acta de Adhesión de Irlanda y el Reino Unido a las Comunidades Europeas –a la sazón únicos Estados miembros en los que se circulaba Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263, p. 1).

Directiva 70/311/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1970, relativa a la proximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los mecanismos de dirección de los vehículos a motor y de sus remolques (DO L 133, p. 10;
EE 13/01, p. 221). por el lado izquierdo de la calzada– no resulta razonable considerar que el legislador de la Unión no fuera consciente del hecho que la adhesión de dichos Estados miembros (uno de los cuales era un productor de vehículos automóviles equipados con posición de conducción a la derecha)
podía, en un régimen de mercado interior que implica un derecho de libre circulación, influir los hábitos de conducción, incluso suponer un determinado riesgo relacionado con la seguridad vial.
El Tribunal de Justicia considera que las adaptaciones que pueden exigirse no han de estar relacionadas con el desplazamiento de la posición de conducción, sino únicamente con intervenciones de menor alcance. Una exigencia tan extensa constituiría en efecto una intervención sustancial en la arquitectura de fabricación del vehículo, extremo contrario al tenor y al objetivo de la Directiva 70/311.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia determina que el emplazamiento de la posición de conducción está comprendido, como parte integrante del dispositivo de dirección de un vehículo, en la armonización establecida por las Directivas 2007/46 y 70/311, de modo que, en el marco de la matriculación de un vehículo nuevo en su territorio, los Estados miembros no pueden exigir, por razones de seguridad, que la posición de conducción del vehículo se desplace hacia el lado
opuesto al sentido de la circulación.
A continuación, por lo que atañe a los turismos matriculados anteriormente en otro Estado miembro y cuya posición de conducción está situada en el lado derecho, el Tribunal de Justicia considera que las normativas en cuestión constituyen medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, y que dichas medidas están prohibidas por el Tratado.
En efecto, esas normativas tienen como efecto obstaculizar el acceso a los mercados polaco y lituano de los vehículos equipados con una posición de conducción a la derecha y legalmente fabricados y matriculados en otros Estados miembros.
El Tribunal de Justicia examina la alegación formulada por Polonia y por Lituania en el sentido de
que las normativas de esos Estados están justificadas por la necesidad de garantizar la seguridad vial, ya que ésta constituye una razón imperativa de interés general que puede justificar un obstáculo a la libre circulación de mercancías.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que las normativas en cuestión establecen excepciones por lo que atañe al uso de vehículos equipados con un volante a la derecha por personas que residen en otros Estados miembros y que se desplazan a Polonia y Lituania por un período limitado (por ejemplo turistas). Esa circunstancia demuestra que dichas normativas toleran el riesgo generado por una circulación de ese tipo.
En otro orden de cosas, los datos estadísticos aportados por los Gobiernos polaco y lituano no determinan suficientemente la relación entre el número de accidentes y la implicación de vehículos equipados con una posición de conducción a la derecha.

El Tribunal de Justicia señala que existen medios y medidas que, al menoscabar en menor grado la libertad de circulación de mercancías, son idóneas para reducir considerablemente el riesgo que puede implicar la circulación de vehículos cuyo volante está situado en el mismo lado que el sentido de la circulación. Precisa que los Estados miembros disponen a este respecto de un margen de apreciación que les permite imponer medidas idóneas, según el estado de la técnica, para garantizar una visibilidad suficiente, tanto delantera como trasera, al conductor del vehículo
cuyo volante está situado en el mismo lado que el sentido de la circulación (por ejemplo, el montaje de retrovisores exteriores adicionales o adaptación de los dispositivos de iluminación o de los limpiaparabrisas).
Según el Tribunal de Justicia, no parece que las medidas controvertidas puedan considerarse necesarias para alcanzar el objetivo de seguridad vial perseguido por Polonia y Lituania. El Tribunal de Justicia considera por tanto que tales medidas no son compatibles con el principio de proporcionalidad. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que Polonia y Lituania han infringido el Derecho de la Unión.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

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