La oposición insta a Catalá a abstenerse para facilitar la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones
Compromís y PSPV han solicitado a María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que se abstenga en un pleno extraordinario convocado para presentar una propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta iniciativa busca vincular las limitaciones no solo a las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT), sino también al nivel de renta de los conductores. En una rueda de prensa conjunta, los portavoces de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles y Borja Sanjuan, respectivamente, dieron a conocer el acuerdo denominado “València Respira”.
La propuesta establece que, a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos con etiqueta A de fuera de la provincia no podrán ingresar a la ciudad. El 1 de julio del mismo año, se aplicará la restricción a los automóviles provenientes de fuera de la ciudad, lo que afectará a un 8% del total de vehículos. A partir del 1 de enero de 2027, los vehículos de la ciudad también estarán sujetos a estas restricciones. Para la etiqueta B, los coches de fuera de la provincia tendrán vetado el acceso a partir del 1 de enero de 2027 y para los de fuera de la ciudad, la restricción se aplicará a partir del 1 de enero de 2028. Los vehículos dentro de la ciudad estarán exceptuados del calendario, pero se compromete a que al menos el 55% de los aparcamientos de la ciudad se reserven para residentes desde el 1 de enero de 2027. Sanjuan explicó que los cambios “flexibilizan la aplicación del calendario para la etiqueta B y permiten un intervalo de seis meses entre las restricciones para vehículos de la ciudad y de la provincia para facilitar el acceso desde el área metropolitana”, enfatizando la necesidad de negociación.
Robles subrayó la importancia de implementar la ZBE en toda la ciudad para reducir la contaminación y mejorar la salud pública. “No solo queremos hablar de etiquetas, sino priorizar a quienes viven en la ciudad y no pueden cambiar de coche”, dijo. Además, señaló la necesidad de considerar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para no perjudicar a quienes no pueden permitirse un nuevo vehículo, y pidió que lo recaudado con la ZBE se destine a mejorar el transporte público.
La oposición también propone que al menos el 55% del estacionamiento de cada barrio esté destinado a residentes. Robles explicó que esto pretende hacer menos atractivo el uso del coche, insistiendo en la retirada de vehículos de la calle Colón y el bulevar sur, puntos de desacuerdo con el PP. “Proponemos una ZBE que responda a las necesidades sociales de la ciudad, incluyendo el estacionamiento para residentes”, indicó. Además, resaltó que, con 16 concejales, su propuesta podría ser aprobada, y exhortó a Catalá a permitir la aprobación de la moción de Compromís y PSPV.
Sanjuan, por su parte, relacionó los obstáculos para la aprobación de la ZBE con la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat. “Queremos que Catalá actúe como alcaldesa de Valencia y explique a los valencianos que no puede aprobar la ZBE porque es una condición impuesta por Vox para la investidura de Pérez Llorca”, concluyó el portavoz del PSPV.
