La abogada de Podemos Mónica Carmona Segura, que trabaja para el partido como responsable de Cumplimiento Normativo, ha denunciado en un comunicado el cese de su compañero, el también letrado y exdelegado de Protección de Datos José Manuel Calvente Redondo, y la petición de su sustitución como “un grave acto de represalia y posibles coacciones” por estar investigando “graves irregularidades” en los asuntos de los que eran responsables, que afectarían, según señala, a varios cargos internos.
“En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional“, afirma la letrada en el texto, que firma ella sola, al que ha tenido acceso Europa Press.
Según explica, tanto ella como su colega habían iniciado “expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación” y la respuesta de la dirección ha sido “inventar acusaciones” contra Calvente “para justificar laboralmente su despido” y proponer su sustitución “con la excusa de una “reorganización de departamentos”.
“Todo ello para intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación e intentar doblegar nuestra voluntad”, denuncia Carmona en el comunicado, dirigido al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
Sin embargo, fuentes del partido consultadas por la misma agencia han asegurado que los hechos denunciados en ese comunicado no son ciertos, y que ambos despidos están perfectamente justificados y atienden a un reordenamiento interno de las áreas y equipos del partido.
Presuntas “irregularidades financieras y de limpieza en las primarias”
En concreto, Carmona explica que como responsable de Cumplimiento Normativo su obligación era “advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido”; responsabilidades que, según señala, “podrían conllevar infracciones penales o administrativas” para algunos dirigentes.
“Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización”, avisa.
Además, añade que “si finalmente resultara la existencia de delitos”, se podría considerar que sus despidos “se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”.
Podemos podría afrontar “graves consecuencias”
“El hecho más preocupante es que el despido llevará inevitablemente a una demanda laboral y que en este caso la judicialización de los hechos traerá graves consecuencias para el partido puesto que saldrán irremediablemente a la luz hechos tremendamente comprometedores para algunos cargos internos y responsables del partido”, avisa a continuación.
“Ante la gravedad de estos hechos, que pueden terminar afectando gravemente a la reputación de Podemos, me veo obligada a advertir a todos los miembros del Consejo Ciudadano Estatal para que adopten las medidas y acuerdos necesarios para ordenar al Consejo de Coordinación a restituir a don José Manuel Calvente Redondo en su puesto de delegado de Protección de Datos y a rechazar mi sustitución como responsable de Cumplimiento Normativo, permitiendo que se continúen las investigaciones internas en marcha para individualizar las responsabilidades que pudieran derivarse de esos actos, protegiendo al partido como tal”, concluye su comunicado.
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