La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en el Ayuntamiento de Valencia el 30 de abril para requerir documentos y expedientes relacionados con la Fundación Valencia Activa. Este organismo municipal fue creado con el objetivo de fomentar el empleo y el emprendimiento. Los agentes solicitaron los estatutos vigentes de la entidad, los certificados de las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento desde 2005, y los documentos de los patronos y órganos de dirección desde su creación.
La investigación se enfoca en el concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, y los contratos firmados con las empresas Imedes y Next Services 2000. La Fiscalía ha abierto una indagación por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil también requirió documentación de la administración del Rialto en el Ayuntamiento, entonces bajo la coalición Compromís-PSPV con Joan Ribó como alcalde.
Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno y esposa de un directivo de Imedes, presidía Valencia Activa en el periodo en que se firmaron algunos de los documentos ahora solicitados por la Guardia Civil. Del año 2021, la UCO pidió al menos 11 documentos, muchos de ellos firmados por Javier Mateo, el entonces subdirector de Emprendimiento y actual concejal socialista. Estos documentos incluyen desde informes de necesidades hasta pliegos técnicos y resoluciones de presidencia.
Para 2022, también se solicitó una cantidad considerable de documentación similar a la del año anterior. Entre estos documentos hay desde informes de necesidades hasta expedientes de disponibilidad de fondos, validados por Mateo antes de unirse al grupo municipal. Otros documentos justifican contratos de servicios con agencias de comunicación. También se pidieron resoluciones de la entonces presidenta de Valencia Activa, Pilar Bernabé, como una autorización por más de 166.000 euros. La Guardia Civil recopiló información adicional sobre la última fase del Rialto, cuando Mateo dejó su cargo para convertirse en concejal, así como de la actual administración con Juanma Badenas en el centro de la polémica.
Durante el mandato del Botánico, Valencia Activa, que fue descrita por un concejal como “la casa de los líos”, estuvo bajo la supervisión de Sandra Gómez, del PSOE, y luego de Pilar Bernabé. La Intervención General del Ayuntamiento ya había señalado irregularidades en la gestión de la Fundación durante el Rialto, subrayando contrataciones irregulares de personal y fraccionamientos de contratos, culminando en un informe de auditoría negativo. En respuesta a este informe, el PP solicitó la creación de una comisión de investigación.
La auditoría reveló alquileres con sobreprecio y la contratación de altos directivos no previstos en los estatutos. Resaltó también aumentos salariales del 26,6% para trabajadores, que en 2019 se materializaron en la incorporación de 23 empleados –uno fijo y 22 temporales– sin ajustarse a los puestos previstos en la Fundación.
La UCO también pidió el documento de nombramiento de Javier Mateo como subdirector de Emprendimiento, una decisión cuestionada por la Intervención municipal. La Agencia Valenciana Antifraude investigó presuntas irregularidades en la contratación de dos subdirectores de la Fundación, Mar Marín y Javier Mateo, quienes obtuvieron sus posiciones sin los procesos adecuados, según las normas de publicidad y concurrencia. Ambos fueron contratados en 2017 y 2018 y luego formaron parte de la lista electoral del PSPV en 2019.
Antifraude y la Intervención municipal coincidieron en que los nombramientos no justificaron mérito, capacidad ni idoneidad, tampoco se aplicaron procedimientos de publicidad y concurrencia. Mar Marín, exsecretaria general de Joves Socialistes, fue nombrada subdirectora y ocupó el noveno lugar en la candidatura socialista al Ayuntamiento en 2019. Javier Mateo, antes de ser concejal del PSPV, asumió el puesto de subdirector de Emprendimiento.
