López Jaraba se sentará en el banquillo de los acusados en julio por presuntas irregularidades en contratos de RTVV

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VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) –

José López Jaraba, ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), se sentará finalmente en el banquillo de los acusados el próximo 23 de julio por presuntas irregularidades en contratos del ente público tras no llegar a un acuerdo acusaciones y defensa.

Este jueves se ha celebrado en la Audiencia de Valencia una vista entre las partes de este procedimiento –Fiscalía, acusaciones y defensa– para estudiar si se alcanzaba una conformidad y se evitaba, de esta manera, llegar a juicio.

Sin embargo, el acuerdo no ha sido posible. En este procedimiento, Fiscalía no acusa a López Jaraba, mientras que sí lo hacen el resto de acusaciones particulares y populares –la Generalitat, Compromís y los sindicatos CGT y CCOO–. En concreto, le atribuyen delitos de prevaricación, fraude y malversación.

A López Jaraba, quien fue director de RTVV en el periodo comprendido entre octubre de 2009 y diciembre de 2012, la Fiscalía decide no acusarle en base a un informe favorable de la Comisión Delegada de la Junta Central de Compras de RTVV.

El ministerio público, en su escrito de petición de archivo provisional, argumentaba que no quedaba acreditada la perpretación del delito. Destacaba que López Jaraba no accedió a la Dirección General de RTVV hasta el mes de octubre de 2009, mientras que el contrato del ente público con la productora de José Luis Moreno se firmó en 2007. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos realizados por la productora, sobre lo que la fiscal sostenía que se trata de una irregularidad que se produjo necesariamente a lo largo de 2007 y 2008.

En todo caso, explicaba que la conducta del procesado en perjuicio del ente público, que aunque tampoco entendía acreditada, a lo sumo podría calificarse de una administración desleal, pero en ningún caso constituye un delito de malversación, mantenía.

También se refería al informe del Síndic de Comptes incorporado a la causa. A la vista de la testifical del propio síndic, Rafael Vicente Queralt, concluyó la fiscal en su escrito que “los incumplimientos normativos que se recogen deberán ser interpretadas en el sentido de irregularidad que no debiera trascender el ámbito penal”.

Sin embargo, el resto de acusaciones piden juzgarlo en relación con el reconocimiento de una deuda por importe de 1.785.295 euros con una productora televisiva por la coproducción de la serie ‘Planta 25’ y la firma de un contrato en 2010 con la misma empresa sobre cesión de derechos de emisión de un nuevo programa de la serie ‘De un tiempo a esta parte’.

La Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) solicita una pena de ocho años de prisión e inhabilitación por 20 años y 1.385.295 euros por malversación, prevaricación y fraude a la administración. Por su parte, la Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita una pena de 7 años de cárcel, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y una responsabilidad civil de 1,38 millones.

 

 

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