Los letrados se reúnen con Justicia para analizar planes choque por pandemia

La Unión Progresista de Fiscales ha trasladado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la reunión que han mantenido este miércoles para abordar el plan del Ministerio para evitar el colapso de la Justicia y garantizar la salud de profesionales y usuarios, que es imprescindible la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La UPF, en una nota remitida a Efe, considera que hay que derogarla puesto que “una vez que se reactiven los plazos procesales, va a ser más difícil el control de los plazos de instrucción previstos en ese precepto y mayor el riesgo de impunidad”.

A juicio de la UPF, la derogación del artículo 324 de la Lecrim “era ya urgente con anterioridad a esta pandemia,y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales”.

En la reunión, la UPF ha insistido, así mismo, en la necesidad de proveer de equipos de protección sanitaria para el desarrollo de su función, con mascarillas, guantes e hidrogeles, y que el Ministerio de Justicia garantice “que todas las personas que trabajamos en la Administración de Justicia, así como todas aquellas personas que acudan a los Juzgados y Fiscalías de toda España, lo hagan en condiciones de seguridad y salubridad”.

La Unión Progresista de Fiscales ha solicitado al ministro “la revisión al alza los porcentajes de dotaciones presenciales siempre respetando las recomendaciones sanitarias”, para que se garantice la salud de personal de Justicia y de los usuarios.

También han solicitado el impulso de “la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en lo relativo a las notificaciones electrónicas al Ministerio Fiscal, a fin de que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen al Ministerio Fiscal por medios electrónicos coincida con el momento en que la/el fiscal asignado lo tenga a su disposición”.

Para la UPF “se hace necesario que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones. Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los/las Fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones”.

“Tanto la tramitación escrita como las actuaciones orales -concluye la nota de la UPF- deberían seguir el mismo ritmo optimizado a consecuencia de la coordinación referida, en todo lo que queda de año a fin de dar salida a la acumulación registrada a consecuencia de la pandemia”.

El ministro conversó por videoconferencia con los representantes de la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de fiscales con la finalidad de comunicarles los planes del Gobierno para reactivar la Justicia después del estado de alarma.

El ministro planteó una estrategia con “doble objetivo”: por un lado, garantizar la salud tanto de profesionales como de ciudadanos en los juzgados mediante el reparto de las protecciones necesarias contra los contagios, y por otro, “garantizar que la Justicia no se pare”. EFE

 

 

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