Luces V16 geolocalizadas: ¿medida de seguridad o negocio millonario de la DGT?

La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de sustituir definitivamente los triángulos de emergencia por luces V16 geolocalizadas a partir del 1 de enero de 2026 ha abierto un intenso debate entre los conductores. La medida, aprobada bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, está generando dudas sobre su posible carácter recaudatorio, especialmente por el enorme negocio que supone la venta de estos dispositivos conectados.

De los triángulos a las balizas: un largo camino desde 2018

La implantación de las luces V16 comenzó a estudiarse hace siete años, tras diversos accidentes mortales ocurridos mientras los conductores colocaban los triángulos en la vía. Según la DGT, los triángulos —obligatorios desde 1999— fueron causa indirecta de 42 fallecimientos solo en 2022.

La alternativa llegó en forma de balizas luminosas: dispositivos pequeños, magnéticos y visibles a cientos de metros, que pueden activarse desde el interior del vehículo sin necesidad de bajar del coche.

2026: solo válidas las V16 geolocalizadas

Aunque las luces V16 pueden usarse de forma voluntaria desde 2021, será el 1 de enero de 2026 cuando pasen a ser obligatorias. Y no cualquier modelo: únicamente serán válidas las que incluyan geolocalización integrada, con conexión permanente a una red móvil.

Esto implica que deben llevar en su interior una tarjeta SIM y estar conectadas a un servidor autorizado por la DGT durante 12 años. En la práctica, esto aumenta significativamente su precio y limita el mercado a fabricantes homologados.

Un coste muy superior al previsto

Las luces V16 simples cuestan entre 10 y 15 euros. Sin embargo, las geolocalizadas —como las comercializadas por Help Flash y conectadas a través de Vodafone— oscilan entre 50 y 60 euros, debido al hardware interno y a la conexión incluida durante más de una década.

Con más de 33 millones de vehículos en España, la obligatoriedad de estas balizas supone un desembolso colectivo de entre 1.650 y 1.980 millones de euros. Una cifra que ha avivado el debate sobre si la medida responde realmente a criterios de seguridad o si abre un negocio multimillonario para fabricantes y operadores.

¿Para qué geolocalizar las balizas?

La DGT defiende que la geolocalización permite avisar automáticamente al punto de control del sistema DGT 3.0 cuando un vehículo está detenido en la vía. El objetivo es que otros conductores reciban el aviso en sus navegadores o paneles del coche, aumentando la anticipación y la seguridad.

Pero las dudas persisten: todos los vehículos homologados desde 2018 ya incorporan el sistema e-Call, que permite geolocalización y llamada automática de emergencia. Además, en España hay más de 55 millones de teléfonos móviles, la mayoría con capacidad para enviar ubicación en segundos.

¿Medida necesaria o gasto innecesario?

El debate tiene dos caras claras:

✔ Argumentos a favor

• Aumenta la seguridad al evitar que el conductor salga del vehículo en una situación peligrosa.
• La luz es visible antes que los triángulos.
• La información llega en tiempo real al sistema DGT 3.0.

✔ Argumentos en contra

• Coste elevado y obligatorio para todos los vehículos.
• Existencia de sistemas alternativos (e-Call, smartphones).
• Mercado concentrado en pocas empresas.
• Sospecha de negocio millonario asociado a la decisión.

2026 marcará un antes y un después

Con la cuenta atrás ya en marcha, millones de conductores deberán adquirir una luz V16 conectada antes del 1 de enero de 2026 para evitar sanciones. El tiempo dirá si la medida logra reducir accidentes o si, como denuncian muchos usuarios en redes sociales, solo sirve para abrir “una nueva vía de ingresos disfrazada de seguridad”.

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