En el programa Horizonte se aborda un suceso que califican de “trágico” y se conecta en directo con Mario Sámper, vinculado a la asociación de afectados. El foco de la conversación está en dos puntos: la apertura de las “cajas negras” y el malestar de las víctimas por la falta de información y por cómo, dicen, se está gestionando la investigación.

Mario explica que las familias querían estar presentes, o al menos representadas, en la apertura de las cajas negras porque consideran que no hay nadie más interesado que ellas en conocer cada detalle. Asegura que no les han permitido estar allí y, además, denuncia que se enteran de los avances por los medios y no por canales oficiales. Repite varias veces una idea: que no han recibido explicaciones directas ni un gesto claro de disculpa por parte del Gobierno.

El malestar aumenta, dice, por un acto previsto en Andalucía que interpretan como un homenaje “sin las víctimas”, porque aseguran que no han sido informadas ni invitadas. Eso, según Mario, suma un nuevo motivo de indignación y refuerza la sensación de distancia institucional.

Ante este escenario, anuncia movilizaciones: confirma que están preparando una manifestación y que en breve iniciarán acciones para que “se les escuche”, para que no se olvide lo ocurrido y para exigir transparencia. Remarca que cuentan con apoyo social, pero insiste en que cada día aparecen elementos nuevos que les enfadan todavía más.

Uno de los momentos más tensos llega cuando se comenta una decisión de la jueza relacionada con trabajos en la vía. Mario afirma que, tras una reprimenda anterior, esta vez se habría pedido permiso, pero con muy poco margen, y que la jueza habría exigido avisos con más antelación (menciona un mínimo de 15 días). Para él, el problema de fondo es la sospecha de que se estén produciendo situaciones que podrían afectar a la integridad de la investigación.

La acusación más grave que plantea Mario es que una empresa o entidad habría retirado del lugar del suceso elementos de la vía —habla de trozos y soldaduras— que, según su criterio, deberían haber permanecido bajo control de los investigadores. Describe ese movimiento como algo difícil de justificar y lo vincula a una posible “ocultación de pruebas”, aunque matiza que confía en que la investigación judicial aclare los términos exactos. También menciona otros puntos oscuros: retrasos en la entrega de informes solicitados y un supuesto “baile” de fechas o firmas en documentación técnica.

En la parte final, explica que la asociación acaba de constituirse, que están en proceso de dotarse de abogados y que prevén presentar acciones legales. Señala que reciben atención psicológica y que las ayudas “se están tramitando”, pero vuelve a insistir en lo que consideran más importante: falta de información, falta de cercanía y una cadena de decisiones que, a su juicio, deja demasiadas dudas sobre si se está investigando con la transparencia que esperaban.