Más sanciones y anonimato garantizado para los denunciantes de corrupción en la Administración valenciana

La Generalitat valenciana no quiere que se repitan los titulares sobre la corrupción de la época del PP. El Gobierno tripartito manifestó esta intención dotando a Transparencia de un departamento propio -en la mayoría de autonomías cuentan con oficinas, comisiones o consejos para este cometido- y después, a propuesta del parlamento autonómico, de una Agencia Antifraude adscrita al mismo. El tercer paso viene del departamento que dirige Manuel Alcaraz y es una ley para la prevención de malas prácticas en la Administración Pública, que crea la Inspección General de Servicios y un algoritmo para prevenir el fraude.

La existencia de dos entidades similares ha causado algún roce entre ellos que de vez en cuando se deja ver. La oposición, además, aprovecha para criticar duplicidades o, como se ha referido un diputado conservador este miércoles, una “ensalada” de organismos.

La comisión de Justicia ha debatido este miércoles la ley de Inspección General de Servicios, también llamada ley de malas prácticas en la administración, enmendando el texto presentado desde la conselleria de Transparencia. Buena parte de las enmiendas han llegado del grupo Podemos, impulsor de la Agencia Antifraude, que ha transaccionado con sus socios del Botànic.

Las enmiendas de Podemos obligan a la Inspección General de Servicios a trabajar junto a la Agencia Antifraude mediante el intercambio de información. Emitirá, como hacen los segundos, un informe anual de rendición de cuentas al parlamento valenciano. Los morados, muy orgullosos del departamento que impulsaron y que dirige Joan Llinares, han presentado una batería de modificaciones a la ley elaborada por Transparencia que afectarán, principalmente, al régimen sancionador y a la protección del denunciante.

Otra enmienda presentada por Podemos y transaccionada por todos los grupos establece la protección del denunciante siguiendo el mismo criterio que la normativa de la agencia. El departamento que dirige Joan Llinares envió un informe a las Corts alertando de las desprotección que implicaban algunos de los artículos elaborados desde el departamento de Transparencia y el parlamento valenciano ha decidido modificarlos. Hasta abril, Antifraude ha tenido que proteger a ocho personas por sus denuncias.

En concreto, al departamento de Llinares le preocupaba que la Inspección pudiera dar a conocer la identidad de la persona en caso de que tuviera que defenderse en un procedimiento judicial, poniendo al denunciante en la tesitura de dar su nombre o retirar la denuncia. Este aspecto queda eliminado con la enmienda de los grupos del Botànic. Además, se considerará denunciante a cualquier persona física o jurídica.

Otra de las enmiendas de los morados que se ha aceptado afecta al régimen sancionador. Desde Podemos defienden que este debería ser similar al de Antifraude, por lo que presentaron una enmienda para eliminar algunos puntos de la ley de malas prácticas de la administración. Las sanciones previstas por Transparencia van desde un apercibimiento o una multa de 300 euros para infracciones leves -como no facilitar documentación- hasta sanciones de 30.000 por infracciones muy graves como la reiteración de dos infracciones graves, las denuncias falsas o el incumplimiento de las medidas de protección al denunciante. Aprobada la enmienda de los morados, las multas aumentan considerablemente, hasta un máximo de 400.000 euros en casos muy graves que afecten al denunciante.

La ley da origen y forma a SATAN, un algoritmo elaborado entre Transparencia y Hervé Falciani para detectar casos de fraude en la administración pública, cruzando datos entre departamentos. El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN) detectará preventivamente casos de fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses de políticos y funcionarios y empresas pantalla en los concursos públicos, cruzando datos entre el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad.

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