Ocho de los 15 detenidos este domingo por una presunta agresión sexual en el metro de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) han quedado en libertad sin cargos, según informa TVE Catalunya. De los restantes arrestados, cinco pasarán a disposición judicial en las próximas horas y otros dos, que han alegado ser menores de edad y que carecen de documentación, serán sometidos a pruebas radiológicas por orden de la Fiscalía.
Todos ellos fueron detenidos por la policía local de la localidad barcelonesa acusados de agredir sexualmente a una joven en el metro y de haber apuñalado supuestamente a la pareja de esta. Él tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital, aunque su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.
Los Mossos siguen practicando diligencias de investigación para entregar al juez de guardia toda la información que puedan reunir antes de que los cinco a los que se atribuye un mayor grando de participación en los hechos pasen a disposición judicial.
Todos ellos son inmigrantes indocumentados que carecen de residencia fija y vivían en edificios deshabitados y en estado ruinoso de Santa Coloma de Gramenet. La secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud del Govern, Georgina Oliva, ha asegurado que ninguno es menor tutelado aunque uno de ellos lo fue en el pasado, hace unos tres años.
El Ayuntamiento pide una solución para los jóvenes sin residencia
En su comunicado, el Ayuntamiento de Santa Coloma ha hecho un llamamiento a la Generalitat para abordar “de manera global y como problema de país” la presencia de estos jóvenes que circulan por Cataluña sin residencia.
Considera que cometen “diferentes delitos y faltas, generando alarma e inseguridad en las ciudades catalanas”, y que es un problema que no puede ser abordado localmente sino con medidas urgentes coordinadas por la Generalitat.
En un comunicado, UGT de Cataluña ha rechazado la agresión a la pareja y ha lamentado que las agresiones a viajeros y vigilantes de seguridad pública se han convertido en “habituales”. El sindicato instado al Gobierno a aprobar un nuevo reglamento de seguridad privada y a ampliar la colaboración entre la seguridad pública y privada para garantizar una mayor protección de la ciudadanía en el transporte.
