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OCU rechaza el proyecto de canon digital por injusto y alejado de la realidad de los consumidores

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El borrador de proyecto de real decreto para modificar la Ley de Propiedad Intelectual grava con un canon a cualquier aparato susceptible de reproducir obras protegidas, aunque la licencia que ha pagado cubra la posibilidad de realizar copias de uso privado

Aunque en diciembre del año pasado llegaron las primeras noticias sobre el proyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a la sentencia del TJUE que declaró la ilegalidad del sistema anterior de compensación por copia privada cargo de los Presupuestos Generales del Estado, no ha sido hasta la filtración de la semana pasada, cuando la Organización de Consumidores y Usuarios ha podido acceder al texto del borrador que el gobierno está elaborando.

Como ya había expresado OCU con anterioridad, la intención del gobierno de gravar con el canon cualquier aparato susceptible de reproducir obras protegidas, aunque sea mediante streaming de obras por las que el usuario ha pagado ya la licencia correspondiente, supone una injusticia por ser una doble imposición y una innecesaria culpabilización ex ante del consumidor, revela el alejamiento de la normativa respecto de la realidad que pretende regular y muestra de nuevo un afán desmesurado por contentar a unas entidades de gestión de derechos que se niegan a reconocer que los patrones de consumo de los usuarios actuales han cambiado y que han dejado de ser su fuente de financiación.

Para OCU es inaceptable que se asigne a los consumidores un comportamiento (de hacer copias privadas) sin que se tome en cuenta que las pautas de consumo de obras protegidas han evolucionado sustancialmente en los últimos años con servicios como Netflix o Spotify. A día de hoy una gran mayoría de usuarios en España reproduce este tipo de obras mediante medios legales y en muchos casos pagando cuotas mensuales que en ningún caso le dan la propiedad sobre esa obra, sino solo una licencia para poder reproducirla cuantas veces quiera.

Gravar aparatos solo por su capacidad de reproducir esas obras es un ejemplo de como las entidades de gestión han conseguido que el gobierno busque una salida a la pérdida de ingresos que supondría un sistema justo en el que se pague solo lo que corresponde por copia privada. No hay duda alguna que los autores deben ser debidamente remunerados por su trabajo. Sin embargo el sistema de compensación por copias privadas no es la solución. Los autores deben tener una mejor participación de los fondos pagados a los titulares de derechos por los distribuidores de contendidos.

Esta clara intención recaudatoria queda además demostrada en el hecho de que desaparezca del texto la mención a los soportes. Tal y como se desprende del borrador, se redefine el concepto de copia privada estableciendo entre las circunstancias constitutivas del límite legal de copia privada “que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las condiciones de acceso a la obra o prestación.” De esta forma cualquier aparato susceptible de conectarse a internet podría ser gravado, algo que en un mundo cada vez más conectado y en el que el llamado Internet de las Cosas es una realidad, se revela como una forma manifiestamente injusta de financiar un sistema obsoleto como el que defienden las entidades de gestión.

Para OCU es fundamental que el gobierno tenga en cuenta las nuevas realidades de consumo de los españoles y se asegure de que el nuevo sistema cuente con todas las garantías para evitar que por tercera vez sea tumbado por la justicia española. Para ello es básico que no solo preste atención a las demandas de quienes están llamados a recibir compensaciones por copia privada, sino también a los consumidores para evitar que estos sean culpabilizados de forma preventiva y paguen de manera injusta por algo que no deben.

OCU es una organización sin ánimo de lucro e independiente, gracias el apoyo de sus más de 300.000 socios. Como organización de consumidores, OCU tiene como objetivo contribuir e influenciar, para conseguir el bienestar común de todos los consumidores en España, con transparencia y ofreciendo contenidos e informaciones cercanas y útiles que hacen posible que los consumidores se enfrenten a la contratación de servicios y adquisición de productos bien informados.

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