Los padres de Isabel, una joven de 16 años que padecía anorexia y falleció tras caer desde el balcón de su hogar en Requena, han solicitado a la Conselleria de Sanidad una indemnización de 186.000 euros. Acusan a las autoridades sanitarias de “inacción” al no haber implementado ningún protocolo adecuado para tratar la enfermedad de su hija. Esta cifra corresponde a la suma reclamada por indemnización para los dos padres y el hermano de Isabel.
Tras tres años de ocurrido el suceso, Mª Dolores Hernández y Rafael Martínez han optado por presentar una demanda civil, luego de que su querella contra la psiquiatra y la psicóloga de la Unidad de Salud Mental de Requena fuera archivada. Refieren que una investigación externa se llevó a cabo sin que recibieran detalles o resultados.
A través de un recurso interpuesto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, justifican su acción ante el silencio administrativo de la Conselleria. Según ellos, las terapeutas responsables del tratamiento de su hija no aplicaron los protocolos necesarios para evitar el trágico desenlace, privándola así de una oportunidad de recuperación.
La demanda incluye informes de dos peritos que respaldan la acusación de los padres. Uno de los informes señala que la gravedad del estado de Isabel no fue adecuadamente considerada en su última consulta, donde se requería su internamiento en un servicio de psiquiatría. En cambio, Isabel fue puesta en lista de espera para la Unidad de Tratamientos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de La Fe, sin que se propusieran medidas preventivas contra el suicidio, a pesar de que ella había manifestado pensamientos suicidas.
El otro informe revela que Isabel estaba medicada con fármacos que incrementaban el riesgo de conductas suicidas, elevando el riesgo para su vida. Mientras tanto, la única comunicación de la Conselleria reconoció que, aunque se siguieron prácticas clínicas convencionales, no se tomaron todas las medidas necesarias tras la última consulta el 25 de mayo de 2022.
Rafael Martínez, padre de Isabel, hace hincapié en que su hija cumplía con los requisitos para la activación del Protocolo Antisuicidio de la Comunitat Valenciana. Señala que los protocolos no se cumplieron y cuestiona la falta de responsabilidad. Martínez critica no a las profesionales en sí, sino al incumplimiento de su deber, señalando que su hija pidió ayuda y esta no fue adecuada.
Los padres, que se sienten “maltratados y desamparados por el sistema,” han dejado claro que lo que buscan no es una compensación económica, sino que aquellos que han sido negligentes sean apartados para no afectar a buenos profesionales, y que situaciones como la vivida por su hija no se repitan. Piden a los profesionales de Salud Mental “más empatía y humanidad” y a las administraciones “más control y formación”. Desde hace tres años, Rafael y Dolores han trabajado para mejorar la atención en Salud Mental, enfatizando la necesidad de más recursos, formación e información para los afectados y sus familias.
