País rico, país pobre, país intervenido, país sin intervención

David Benjamín Ruiz Hall

Consultor en GB Consultores Financieros y Tributarios

El 29 de junio de 1977 se autorizaba el primer portaaviones propio del estado español democrático, el Príncipe de Asturias, R-11 (dicho buque es un portaaviones para aviones STOVL –despegue y aterrizaje vertical- de la Armada Española, complementado por una segunda unidad con esta capacidad al entrar en servicio el buque de proyección estratégica Juan Carlos I (L-61) el 30 de septiembre de 2010) y que se ordenó ante el ya entonces agotado tecnológicamente Dédalo R-01 (antiguo USS Cabot botado 1942), pero que aquél aún estuvo en servicio hasta 1988, completando casi 46 años de servicio. (Finalmente, el Príncipe de Asturias realizó su primera salida al mar el 3 de noviembre de 1987 y fue entregado a la Armada el 30 de mayo de 1988 por la Empresa Nacional Bazán).

El Portaaviones Príncipe de Asturias, en 2011. Foto: Armada Española
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El Portaaviones Príncipe de Asturias, en 2011. Foto: Armada Española

Uno, el que suscribe, nunca puede ponerse en el papel de juez y parte, siendo pues únicamente el ejecutivo el que debe razonar y organizar los medios de defensa de nuestra nación. Así pues, en mayo del presente año, tras 25 años de servicio (que no los 50 para los cuales fue diseñado), se dio aparentemente la orden de uso restringido para futuro previsible desguace de tal buque.

Mientras tanto, en un país que representa el puesto nº 30 en el PIB Mundial, como es Tailandia, el buque hermano del referido buque, el HTMS Chakri Naruebet, seguirá surcando los mares. (España, representa en el mismo ranking, la 12ª economía del mundo, de la que únicamente representaría la tailandesa el 22%).

El argumentario exhibido por el Ministerio de Defensa, aparentemente es que se carecen de fondos para mantener al buque en servicio, y mientras los trabajadores del astillero de Navantia en Cádiz se enervan con los de la factoría naval de Ferrol (A Coruña), lo bien es cierto, que parecen vocados a una herencia sin el óbito del difunto. Dichos costes, aparentemente son 30 millones de euros anuales y una reparación de unos 200 millones de euros para su uso durante la próxima década o década y media.

Lo bien cierto es que la herramienta presupuestaria del estado español, lo conocido como Presupuestos Generales del Estado, que es donde se deberían recoger dichas necesidades, puede que sean cortos, insuficientes o innecesariamente restrictivos para muchas actividades, y que en la asignación de recursos escasos cual Samuelson (Samuelson, P.A. (1915-2009)), la decisión entre cañones y mantequilla, sea difícil.

Más difícil resulta entender ante una restricción presupuestaria que no se contemplen dos diferenciales que a las empresas se les requiere, por un lado, diferenciar ente inversión y gasto, y por otro, entre financiación y resultado.

Qué duda cabe, que en un momento de recursos escasos, cabría pensar que todos los proyectos de inversión (no es lo mismo invertir en una nueva base militar, dado que exige una inversión planificada durante años, que la reparación de un artefacto dañado por un accidente, que constituye un gasto extraordinario o contingente) son plenamente seguidos o controlados minuciosamente por los organismos del estado, y por ello, el Real Decreto-ley 26/2012, resulta como mínimo, controvertido.

En su expositivo, se redacta como extraordinario, y sin embargo, trata de un crédito para financiar lo siguiente en euros: Avión EF-2000 (1.171.607.690) Helicóptero Tigre (76.267.140) Obús 155/52 (16.065.970), Misil SPYKE  (27.824.410), Buque BAM (187.800.000) Carro c. LEOPARDO (242.337.280) Misil IRIS-T (38.968.560) Helicóptero UME (21.181.310), Sistemas CIS UME (718.530) todo para un total de 1.782.770.890 euros.

Es entonces, cuando el ciudadano no entiende, pues no hemos visto ningún acto extraordinario, si no necesidades de inversión claras que deberían haber sido presupuestadas y que, sin embargo, se consideran extraordinarias.

Reflexionemos pues entre la diferencia de un presupuesto de gestión y un presupuesto financiero, la inversión se está financiando de forma extraordinaria (como vemos mediante el mencionado Real Decreto-ley 26/2012) o como mínimo, se está complementando, aquello que requiere mantenimiento necesario (gasto) no se financia (el buque Príncipe de Asturias) y se desguaza (cosa que no hace ni una economía muchísimo más pequeña que la nuestra), y entonces, uno se pregunta, ¿estamos en un país con una asignación presupuestaria en defensa para un país rico cuando no lo somos -o nunca lo hemos sido-? ¿acaso somos un país que no interviene en sus cuentas públicas con control, disciplina y mesura dados los tiempos que corren, y por ende, debiéramos ser intervenidos? ¿o simplemente, seguimos a día de hoy, sin saber asignar, cañones y mantequilla?. Sencillamente, desde el punto de vista de gestión de recursos presupuestarios, finitos y escasos, inaudito.

 

 

 

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