Daniel González deberá presentar nueva documentación ante el juzgado mientras estudia con su abogada las posibles vías para permanecer en la vivienda

La comisión judicial ha suspendido temporalmente el desahucio de Daniel González, investigador de Física de la Universitat de València, que este miércoles debía abandonar la vivienda de Burjassot en la que reside desde 2009.

La paralización tendrá una duración inicial de diez días, plazo durante el cual González deberá presentar la documentación requerida por el juzgado. Una sentencia le obliga a abandonar el inmueble y a abonar aproximadamente 36.000 euros a la empresa propietaria.

“De momento son diez días. Hay esperanza”, manifestó el investigador después de conocer la decisión. González ha explicado que estudiará con su abogada la posibilidad de presentar algún recurso y que también está recibiendo asesoramiento del Sindicato de Vivienda de Valencia.

Concentración ante la vivienda

El Sindicato de Vivienda había convocado una concentración a las puertas del inmueble para mostrar su apoyo al investigador y tratar de evitar la ejecución del lanzamiento.

Daniel González agradeció la movilización y reconoció sentirse sobrepasado por las muestras de solidaridad recibidas. Considera que la suspensión temporal representa una primera victoria porque permite ganar tiempo y hacer visible una situación que califica de injusta.

La decisión judicial no supone la cancelación definitiva del desahucio. El procedimiento queda aplazado durante diez días a la espera de que se aporte la documentación solicitada y de que se estudien las posibles actuaciones legales.

Una diferencia de 244 euros mensuales

El conflicto se remonta al contrato de alquiler firmado en 2009, que establecía inicialmente una renta mensual de 594 euros. Según explica González, a partir de 2012 la cantidad se redujo a 350 euros mensuales.

La empresa propietaria sostiene ahora que debe aplicarse la renta recogida en el contrato inicial y reclama la diferencia de 244 euros al mes acumulada durante todos estos años. La suma reclamada alcanza aproximadamente los 36.000 euros.

González rechaza esta interpretación y afirma que la reclamación forma parte de una maniobra destinada a conseguir que abandone la vivienda. El investigador sostiene, además, que inició procedimientos de jurisdicción voluntaria para poder continuar abonando el alquiler.

“Soy yo quien ha iniciado procedimientos en el juzgado para conseguir pagar el alquiler”, ha explicado. Según su versión, la propiedad se habría negado a aceptar los pagos para poder argumentar posteriormente la existencia de un incumplimiento.

El caso entra ahora en un periodo decisivo. Durante los próximos diez días, la defensa deberá acreditar ante el juzgado las circunstancias contractuales y procesales alegadas por González. Finalizado ese plazo, tendrá que determinarse si existen razones para ampliar la suspensión o si se fija una nueva fecha para ejecutar el desahucio.