📍 Picassent (Valencia), 17 de abril de 2025
Los teléfonos móviles, aunque prohibidos dentro de prisión, circulan como objetos de lujo entre los muros del centro penitenciario de Picassent. Entre 2018 y 2024, los funcionarios han confiscado 653 terminales, según datos de Acaip-UGT Valencia. Solo el año pasado se requisaron 72 dispositivos, en un contexto de creciente sofisticación en los métodos de introducción.
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Una vía libre para el crimen desde la celda
El uso de móviles en prisión permite a los internos eludir los controles legales, mantener comunicaciones sin supervisión y, en muchos casos, seguir dirigiendo actividades delictivas desde su celda. El problema se agrava con reclusos especialmente peligrosos, como terroristas o miembros de bandas organizadas, que ven en estos dispositivos una herramienta clave para coordinar el exterior.
Pero más allá del delito, el tráfico de móviles genera un mercado negro interno: peleas, deudas, amenazas y episodios de violencia están estrechamente vinculados al control de estos aparatos.
Tecnología obsoleta y métodos invisibles
Los funcionarios denuncian que carecen de medios adecuados para frenar esta tendencia. Los teléfonos actuales, ultracompactos y hechos con materiales no metálicos, burlan los controles de seguridad más comunes. Solo con requisas físicas exhaustivas, realizadas con personal cualificado, se consigue frenar su entrada.
Desde el sindicato Acaip-UGT reclaman que, pese a estas limitaciones, los empleados públicos siguen comprometidos en la lucha diaria contra este tipo de contrabando.
El peligro desde el cielo: los drones
Uno de los riesgos emergentes más difíciles de combatir son los drones, que permiten introducir móviles y otros objetos volando por encima del perímetro penitenciario. La precisión y velocidad de estos dispositivos complican su detección, y en muchos casos logran dejar cargas sin ser vistos por los sistemas actuales.
Más de 12.800 móviles en siete años en toda España
A nivel nacional, las cifras son aún más preocupantes. En los últimos siete años, Instituciones Penitenciarias ha decomisado 12.882 móviles en centros de toda España. Esto confirma que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno estructural que necesita soluciones urgentes.
Llamamiento a modernizar la seguridad
Acaip-UGT exige una inversión real en tecnología. Los inhibidores de señal actuales, instalados hace más de una década, solo bloquean redes 3G, mientras los móviles modernos funcionan con 4G o 5G. Además, piden equipos de inhibición adaptados a nuevas frecuencias, sistemas antidrón eficaces y plantillas reforzadas para hacer frente a los retos actuales.
“La seguridad en prisión no puede depender de la suerte ni del esfuerzo de los trabajadores. Necesitamos herramientas eficaces”, insisten.
Conclusión: una batalla invisible dentro de los muros
Los teléfonos móviles en prisión no son simples objetos contrabandeados: son armas de comunicación clandestina. En un entorno donde cada movimiento debe ser controlado, la presencia de un móvil cambia las reglas del juego. Y hoy, los funcionarios están luchando esta batalla con herramientas de hace 15 años.
El caso de Picassent es solo un reflejo de un problema más profundo que afecta a todo el sistema penitenciario español. La pregunta es: ¿actuará la administración antes de que sea demasiado tarde?
