València, Una tasa turística y un nuevo impuesto a las bebidas azucaras son algunas de las propuestas de que Podem plantea introducir en la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2019.
Una vez finalizado el plazo para la presentación de enmiendas a esta ley, Podem ha presentado más de 60 iniciativas, entre las que desatacan las dos citadas, pero también algunas referidas a las ratios de alumnos, a la Agencia Antifraude, a la salud bucodental o a cuestiones de igualdad.
La formación que lidera Antonio Estañ plantea un impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, que figure como tributo propio de la Generalitat y que se destinará a fomentar la alimentación saludable, especialmente entre la población infantil, juvenil y mayor, y a promover hábitos que disminuyan la obesidad y el sedentarismo en la población valenciana.
La enmienda de Podem plantea un impuesto de 0,08 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, y de 0,12 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 gramos por 100 mililitros.
Podem también reitera su petición para crear un impuesto sobre estancias turísticas en la Comunitat Valenciana, que sea “directo, instantáneo, finalista y propio de la Comunitat”, que iría desde los 0,5 a los 2 euros por día hasta un máximo de siete días.
La recaudación deberá destinarse a mejorar de los servicios, las infraestructuras y dotaciones turísticas, a impulsar buenas prácticas laborales; a luchar contra la precariedad laboral, el intrusismo y el fraude en el sector; y a la promoción del medio ambiente, la gestión de residuos y el desarrollo de un turismo sostenible.
También se dirigirá a políticas de acceso a la vivienda, especialmente en aquellas zonas afectadas por un incremento de precios consecuencia del aumento de la afluencia turística, y a la promoción turística de la Comunitat.
El impuesto contará con una cuota autonómica que se destinará al fondo para favorecer el turismo sostenible, y un recargo municipal de hasta el 100 % que deberá ser aprobado por acuerdo del pleno municipal para su imposición y destinarse a fines que afecten a competencias de ámbito municipal.
Además, plantea que el máximo se reduzca en un alumno por unidad por cada alumno o alumna que tenga reconocimiento de necesidades educativas especiales y también en aquellos centros ubicados en barrios definidos como de actuación preferente por la Conselleria con competencias en servicios sociales.
