El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado una moción en Les Corts Valencianes reclamando medidas para la lucha contra la economía sumergida y el fraude.
Según un comunicado, el diputado Antonio Estañ ha recordado que la economía sumergida en la Comunitat Valenciana tiene una especial incidencia en lugares como Elx, con porcentajes que superan el 35% del PIB de la ciudad. El parlamentario ha lamentado que 80.000 ilicitanos sean por esta causa “expulsados de la economía en A, y obligados a vivir en B, con sus derechos negados y su condición de ciudadanía negada”.
Asimismo, ha advertido que “no es suficiente el endurecimiento de las penas, porque la gente que trabaja sin contrato muchas veces lo hace sin elección. Necesitamos medidas que hagan emerger y reglar esa economía y que, mientras lo logramos, que nadie vea negada su condición de ciudadano o ciudadana”.
La moción, registrada tras una interpelación realizada al Consell ante el pleno de Les Corts, reclama al Gobierno Valenciano que inste al Gobierno de España a aumentar el cuerpo de Inspectores de Trabajo y el de Inspectores de Hacienda, igualando el ratio inspector/habitante a niveles de la media europea, impulsando la coordinación de las actuaciones de dichos cuerpos en materia de lucha contra la economía sumergida y el fraude.
Asimismo, insta a elaborar un plan de medidas urgentes que, al igual que en otros sectores y áreas de nuestro país, actúe sobre los elementos específicos de nuestro modelo productivo y esté centrado en el afloramiento de la economía sumergida y el fomento del empleo estable de aquellos sectores en los que incide de mayor manera la precariedad laboral como la construcción, la hostelería, el textil y el citrícola.
Igualmente, solicita que se habiliten mecanismos que permitan la denuncia anónima para garantizar la protección del denunciante y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales impulsando la colaboración y el fortalecimiento de la acción sindical.
Otra reivindicación es el diseño, junto con los distintos agentes sociales y económicos, de un plan integral de actuación sectorial con la participación destacada de la administración local, favoreciendo iniciativas como cooperativas de trabajo asociado y la lucha contra la subcontratación ilegal.
