PPCV exige a Bravo “responsabilidades inmediatas” por la “adjudicación ilegal” de las obras del TSJCV

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San Segundo, ha exigido este jueves a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, “que asuma responsabilidades inmediatas” por la “adjudicación ilegal” de las obras del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Además, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no la mantenga “un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable”.

Así se ha expresado la diputada del PP en un comunicado después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y haya resuelto anular la adjudicación por parte de la Conselleria de Justicia a favor de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional del TSJCV.

Ferrer San Segundo ha remarcado que ya había advertido “expresamente y en varias ocasiones, también en sede parlamentaria”, que la adjudicación “a dedo” de estas obras a la empresa Tragsa “acarrearía numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJCV”.

La parlamentaria ‘popular’ ha incidido en que, “como siempre”, Bravo y el Consell “hicieron oídos sordos y siguieron a la suya, ignorando, no solo las razonadas argumentaciones del PP, sino también el clamor del sector”. En este punto, ha señalado que el Botànic “fue también avisado de la ilegalidad por la Cámara de Contratistas instando la revocación de la encomienda”.

La diputada presentó en Les Corts una batería de preguntas y requerimientos documentales a la consellera de Justicia, “aún no atendidos por Bravo”, sobre el proceso seguido en la adjudicación de las obras, “que ha recibido las denuncias de profesionales y entidades de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo, por considerar ‘ilegal’ la contratación”, ha explicado.

Entre las preguntas que formuló figuraba “por qué se licitó el proyecto con exigencias imposibles de cumplir para ser declarado desierto, y apoyándose en ello adjudicar ‘a dedo’ también la ejecución de toda la obra de forma directa impidiendo la libre concurrencia; o cómo se había determinado el precio de las obras sin tener el proyecto”.

Asimismo, Ferrer San Segundo ha señalado que preguntó expresamente a la Consellera de Justicia “qué medidas había tomado, antes de realizar la adjudicación, para paliar la previsible paralización y considerable retraso en la realización de las obras si se declaraba la ilegalidad de la adjudicación”, ahora decretada, “y para asumir su evidente responsabilidad en cuanto así ocurriera”.

“INEXCUSABLE”
La dirigente del PPCV ha asegurado que era una “evidencia para cualquier jurista con mínimo nivel de pericia” que el proceso seguido en la contratación “podía ser declarado ilegal”. “Además, fue denunciado públicamente una y otra vez, ante Bravo y el Consell. Y ni aun siendo reiteradamente advertida, revocó la contratación para corregir la irregularidad y no causar más demoras ni perjuicios”, ha proseguido.

A su juicio, “incurrir en ilegalidades, cuando además son especialmente alertadas, resulta especialmente grave, inexcusable, en una consellera que presume continuamente de su formación jurídica”. “Una gestión irregular que provoca perjuicios previsibles en lugar de evitarlos, exige asumir responsabilidades, jurídicas y por supuesto políticas: su dimisión inmediata. Puig no puede mantenerla un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable”, ha concluido.
 

 

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