PSPV y Compromís presentan su plan de Zona de Bajas Emisiones para Valencia y piden la abstención de Catalá
Valencia. El PSPV y Compromís han acordado en el Ayuntamiento de Valencia presentar una propuesta para establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que abarque toda la ciudad y contemple ayudas para la renovación de vehículos destinados a quienes lo necesiten. De ser aprobada, su implementación comenzaría el 1 de enero de 2026 en diversas fases.
En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Papi Robles, portavoz de Compromís, y Borja Sanjuan, portavoz del PSPV-PSOE, solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para presentar la moción que busca evitar la pérdida de aproximadamente 150 millones de euros en ayudas europeas y estatales. Ambos dirigentes pidieron a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que se abstenga en la votación para facilitar la aprobación de la iniciativa.
Robles lamentó que Catalá exprese dudas sobre la ZBE y destacó que su partido ha consensuado con el PSPV una propuesta con tres objetivos principales: preservar los 150 millones de euros de financiación europea y estatal, desarrollar una zona más justa y social que satisfaga las necesidades locales, y reducir la contaminación.
“Catalá únicamente debe permitirnos actuar. Tenemos 16 concejales listos para llegar a acuerdos con una propuesta plenamente viable. Ella cuenta con 13 concejales y cuatro opositores al cambio climático”, criticó Robles, quien instó a la alcaldesa a abstenerse si no desea apoyar la moción en el pleno extraordinario. Dijo que la propuesta es “flexible”, adecuada para los habitantes de Valencia y acorde a las necesidades de los barrios.
Por su parte, Borja Sanjuan enfatizó que la propuesta está dirigida a Catalá porque consideran al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, un “interlocutor agotado”, que prefiere lanzar insultos en lugar de argumentos y ve modificar su propuesta inicial como una derrota personal.
Sanjuan insistió en que, aunque la propuesta pueda ser perfectible, cuenta con suficientes votos en el pleno sin precisar del apoyo del PP, y pidió nuevamente a Catalá que se abstenga. Añadió que la alcaldesa debe optar entre no acreditar en la ZBE y salvar la ciudad de perder 150 millones de euros. Argumentó, además, que debe priorizar su rol de alcaldesa sobre sus aspiraciones políticas futuras, sugiriendo que la posible falta de aprobación podría ser una condición impuesta por VOX en el contexto de la investidura de Juanfran Pérez Llorca.
La propuesta del PSPV y Compromís busca implementarse en toda Valencia para disminuir la contaminación y mejorar la salud pública. Incluye un plan progresivo para restringir los vehículos más contaminantes, comenzando con aquellos provenientes de fuera de la provincia hasta incluir a los residentes. También se contemplan ayudas para las familias vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales, y un régimen transitorio para el sector comercial y otros actores económicos, minimizando impactos negativos.
Además, a partir de 2027, se plantea un modelo de estacionamiento por zonas para residentes, reservando al menos el 55% de las plazas para ellos y eliminando el pago para hogares con menores recursos. La iniciativa responde a lo que los promotores denominan un “riesgo colectivo”. Borja Sanjuan indicó que estudios de la Universidad Politécnica de Valencia evidencian que el 40% de los barrios ya superan los límites actuales de contaminación, y que bajo la nueva normativa europea, casi toda Valencia incumpliría estos parámetros.
El texto también sugiere revisar y revertir decisiones recientes del PP que han incrementado el tráfico y las emisiones, como la reordenación de la calle Colón. Los grupos abogan por una orientación estratégica enfocada en priorizar espacios verdes, la movilidad peatonal y proyectos que podrían reducir el tráfico vehicular, como el Corredor Verde de García Lorca, sin comprometer la accesibilidad del vecindario y la eficacia de los servicios de emergencia.
En cuanto a la regulación de etiquetas de los vehículos, Sanjuan explicó que desde el 1 de enero de 2026, los vehículos con etiqueta A provenientes de fuera de Valencia no podrían acceder a la ciudad, y a partir del 1 de julio de 2026 esta medida se aplicaría a vehículos externos a la ciudad. La misma restricción se implementaría para los vehículos locales a partir del 1 de julio de 2027.
Respecto a vehículos con etiqueta B, se contemplaría limitarlos desde el 1 de enero de 2027 para aquellos de fuera de la provincia y desde el 1 de enero de 2028 para vehículos de fuera de la ciudad, con un compromiso de reservar el 55% de las plazas de aparcamiento para los residentes de la ciudad a partir del 1 de enero de 2027.
