Los regantes de las provincias de Alicante y Murcia han reunido este martes en Alicante a políticos de todos los partidos con representación en los respectivos parlamentos autonómicos. Cerca de 1.200 personas, acompañadas de 18 tractores y dos vehículos de apoyo, según los cálculos de la Policía Nacional, han participado en una protesta convocada frente a la subdelegación de Gobierno por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), escoltados por alcaldes y altos cargos de PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y Vox. El enemigo común, el recorte al trasvase Tajo-Segura planteado por el Gobierno que, según los convocantes, eliminará cualquier vestigio verde “en una de las zonas más áridas de Europa”, históricamente conocida como “la despensa del continente”.
“No queremos agua para todos ni agua para siempre, queremos agua”, han explicado los organizadores en la alocución final de la concentración, en alusión a los mensajes que guían las propuestas hidrológicas de PP y PSOE. “Solo pedimos agua porque sin ella no podemos ser la despensa de Europa, ni tierra de acogida para quienes se ven obligados a buscar refugio aquí, ni lugar de descanso para los ciudadanos” que eligen los reclamos turísticos de la zona. Para ello, reclaman “unidad de toda la sociedad”. Y, más en concreto, que los políticos “superen las rencillas” y “dejen de hacer política con el agua”, algo que, en su opinión, no es “decente”.
La convocatoria sí ha juntado a los políticos, pero no ha rebajado sus diferencias. La consejera de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, una de las representantes de Compromís en el gobierno del Botànic, ha tratado de convencer al Ejecutivo central de que “queda margen de negociación” para el mantenimiento del Tajo-Segura y le pide que “escuche” a los regantes. Argumenta que el Consell valenciano reclama “una reivindicación justa, con aval técnico y con razón para que se reconsidere la planificación de los caudales ecológicos”. De lo contrario, avanza, “acabaremos en los tribunales”. Por su parte, el líder autonómico del PP, Carlos Mazón, que ha contado con el respaldo del presidente murciano, Fernando López Miras, ha reclamado al jefe del gobierno valenciano, Ximo Puig, “que defienda el agua que merece su tierra” y que se “enfrente a su propio partido”, para “hacer entrar en razón a Pedro Sánchez. “Pido diálogo desde la solidaridad entre todas las regiones de España porque el agua es de todos”, zanja Mazón.
Tras entregar a la subdelegada de Gobierno, Araceli Poblador, escritos para los ministros de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Agricultura, Luis Planas, los organizadores de la concentración, han cargado contra la desalación, “que no es la alternativa al agua de los ríos”, sostienen. A juicio de José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, el agua desalada es solo “un complemento” al trasvase, ya que es “cara y contaminante”. “Los agricultores no podemos hacer frente al precio” de esta agua, mientras tengan que “competir con todos los agricultores del mundo” que, explica, exportan a España género de peor calidad y sin las mismas restricciones en el uso de fertilizantes, por ejemplo. También denuncia Andreu los argumentos medioambientales que motivan el recorte propuesto desde el ministerio de Transición Ecológica. “El trasvase está perfectamente equilibrado”, señala el líder de Asaja, un equilibrio que reclama del Consejo Nacional del Agua “en todos los planes de cuenca”.
Mientras tanto, el ánimo entre los agricultores se va extinguiendo. Manuel Lafuente lamenta que haya tenido que dejar su plantación de higueras y granados en el Campo de Elche para acudir a la protesta. “Cada vez nos ponen más trabas”, indica. “Después de la inversión en tuberías y embalses” que han costeado para que les llegue el agua del Tajo, “ahora te dicen que se va a acabar”. “No solo damos trabajo, también damos de comer a las empresas de fertilizantes, de plásticos, a cooperativas, a almacenes”, asegura. Y, como todos, reclama consenso. “No se trata de quitar a uno para dar a otro, sino de repartir agua donde haga falta”, dice.
También han dejado sus cultivos de cítricos varias parejas de agricultores de La Murada, una pedanía de Orihuela (Alicante). “Llevamos tres años perdiendo dinero” a causa del agua desalada y la rebaja de precios del limón, subraya Joaquín Cuenca, “no vamos a poder regar ni las macetas”, añade, en alusión a las alegrías y begonias que acompañan a sus pancartas. Cuenca posee una finca de 40 hectáreas “sin apoyo de ningún lado” y, tras 40 años de agricultor, “lo del agua no se arregla, basta ya con unos partidos y otros”, se queja. En una concentración en la que resulta imposible encontrar a alguien menor de 45 años, explica que ninguno de sus cinco hijos “se van a dedicar al campo, por suerte”. “En teoría, el agua es de todos, pero en la práctica, es de quien la maneja”, sentencia.
La protesta se repetirá “en breve” en Villena (Alicante), anuncian representantes de una plataforma de regantes del Medio Vinalopó. El trasvase Júcar-Vinalopó también parece abocado al cierre, como el del Segura. “En 2027 se cerrará el 97% de las extracciones para usos agrícolas” de los acuíferos de Villena, que abastecen a poblaciones como Alicante o Benidorm, manifiesta Pepe Micó, coordinador de la plataforma. “La única solución debe ser a medio y largo plazo”, continúa, “mediante acuerdos que minimicen el impacto ecológico y que aseguren el reparto de agua con compensaciones económicas”.
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