El retraso en la concesión de una licencia por parte del exalcalde Ribó ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a enfrentarse a una sanción económica de casi un millón de euros. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 ha ordenado al Consistorio abonar una indemnización de 990.000 euros a un promotor que desde 2014 mantiene paralizado un proyecto para edificar en un solar de la calle Maestro Gozalbo debido a la falta de autorización. Según el fallo judicial, el Ayuntamiento incurrió en “dilación indebida”, lo que ha obligado al nuevo equipo de gobierno a asumir los pagos tanto de la indemnización como de las costas judiciales.
La cronología de los hechos se inicia en 2014, bajo la administración del Partido Popular, cuando una empresa solicitó una licencia para construir un nuevo edificio en la dirección mencionada. La solicitud fue rechazada el 10 de abril de ese mismo año. La empresa, no obstante, recurrió la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4. En el transcurso del litigio, el Ayuntamiento decidió revertir su rechazo inicial pero solo para reiniciar el procedimiento administrativo, sin otorgar la licencia ni tampoco reconocerla como aprobada por silencio administrativo. La empresa presentó un nuevo recurso ante esta inacción.
A partir de entonces, se desencadenó un complejo proceso legal y administrativo, durante el cual el Ayuntamiento emitió varias resoluciones mientras esperaba que la justicia decidiera. En 2017, el Consistorio notificó a la empresa su desistimiento de la solicitud de licencia. Finalmente, en 2020, una sentencia firme anuló el rechazo original y reconoció el derecho de la empresa a obtener la licencia por silencio administrativo.
El análisis judicial determinó que hubo una “dilación indebida” en el proceso de concesión de la licencia, sin justificación legítima, lo que llevó a la empresa a solicitar una compensación económica. El juez ha fallado a favor del promotor, subrayando que se trató de un “funcionamiento anormal” de los servicios administrativos. La empresa había solicitado casi 44.000 euros por la actualización del proyecto de obras y 946.000 euros en concepto de lucro cesante por los 11 años sin construcción. El magistrado ajustó ligeramente la cantidad, fijándola en 989.717,84 euros, e impuso al Ayuntamiento el pago de las costas judiciales. El Consistorio ha decidido no recurrir el fallo, considerando que la sentencia está claramente fundamentada y que una apelación no prosperaría.
