VALÈNCIA, La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha garantizado este miércoles que la decisión de si la ampliación del puerto de València necesita o no una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para sustituir a la actual de 2007 corresponde a la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
“No intervenimos como una especie de Fiscalía o de autoridad policial que vigile: esa vigilancia corresponde precisamente al responsable de la infraestructura. Aquí y en todos los casos”, ha recalcado en rueda de prensa tras una reunión con el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, en la que han abordado la situación del proyecto.
El mes pasado, Puertos del Estado ya emitió un informe jurídico determinando que la DIA, concedida en 2007, sigue vigente y que Valenciaport es la autoridad encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación para acometer la ampliación del recinto portuario valenciano. De momento solo opta el grupo MSC para la construcción de la nueva terminal.
Ribera, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que ha explicado a Puig que “el sistema no es tanto que exista una autoridad disciplinaria en manos del responsable ambiental”, el MITECO, sino que esta recae en quien “la ley califica como órgano sustantivo”; es decir, el Puerto, que “valorando lo que quiere hacer, estudia si se necesita o no, propone y analiza”.
Y “en su caso”, si la actuación supera el proyecto en el que se basa la DIA de 2007, “tiene que volver a valorar si tiene que presentar una modificación de su actuación”, ha precisado.
Por tanto, a su juicio, el Puerto debe estar analizando “si lo que está haciendo es o no compatible con la declaración ambiental” y trasladarlo a los actores que han pedido información al respecto, como el Ayuntamiento de València: “Supongo que nos los tendrá que trasladar a todos porque hay interés público en cómo interpreta lo que está haciendo y su compatibilidad con la DIA”.
Pero, ha remarcado, el Ministerio no interviene “como una especie de Fiscalía o de autoridad policial que vigile, sino que esa vigilancia corresponde precisamente al que es responsable de la infraestructura”. “Aquí y en todos los casos”, ha zanjado la ‘número cuatro’ del Gobierno.
