Ribó tira balones fuera en el caso de la piscina de Alboraya y señala a exconcejales de su gobierno

El exalcalde de València, Joan Ribó, ha optado por una estrategia de defensa clara ante el juzgado que investiga la construcción de una piscina municipal de Alboraya en terreno de huerta protegida dentro del término de València: negar cualquier responsabilidad directa y trasladar el foco hacia otros miembros de su antiguo equipo de gobierno.

Así se desprende del escrito presentado por el abogado del Ayuntamiento —que ejerce su defensa por su condición de exalcalde— en el que se sostiene que Ribó no tenía competencias en materia de planificación, gestión urbana ni concesión de licencias. Un argumento que, en la práctica, desplaza la posible responsabilidad hacia exconcejales socialistas y de Compromís.

Un escrito que descarga la responsabilidad en otros ediles

El documento judicial presentado ante el juzgado de Instrucción número 19 de València detalla que durante sus dos mandatos como alcalde, entre 2015 y 2023, Ribó delegó las áreas clave relacionadas con urbanismo, patrimonio y vivienda en otros concejales.

En su primer mandato, las competencias de Gestión de Patrimonio Municipal y Vivienda recaían en María Oliver, mientras que las de Planificación y Gestión Urbana se asignaron a Vicent Sarrià. En el segundo mandato, estas responsabilidades pasaron a manos de Sandra Gómez, hoy eurodiputada, y de Isabel Lozano, según sostiene la defensa.

El mensaje trasladado al juzgado es inequívoco: Ribó se presenta como una figura institucional sin intervención directa en los procedimientos que permitieron el desarrollo del polémico proyecto.

Una piscina en huerta protegida y fuera del término municipal

La causa judicial tiene su origen en una denuncia presentada en 2023 por un particular, que alertó de la construcción presuntamente ilegal de una piscina descubierta promovida por el Ayuntamiento de Alboraya en terrenos que, además de estar protegidos como huerta, pertenecen al término municipal de València.

La infraestructura, situada junto al campo de fútbol del Alboraya UD, supuso una inversión aproximada de 1,2 millones de euros. La denuncia sostiene que la actuación vulnera la normativa urbanística y de protección del suelo agrícola, al haberse ejecutado fuera de la jurisdicción municipal del promotor.

“No era mi competencia”: la línea de defensa de Ribó

En su escrito, el exalcalde subraya que las únicas delegaciones directas que recibió de la Junta de Gobierno Local durante sus mandatos se limitaron a cuestiones muy concretas, como autorizaciones temporales de uso del Palau de l’Exposició o la instalación de mesas informativas frente a edificios municipales.

Con ello, la defensa pretende reforzar la idea de que Ribó no tuvo ninguna intervención efectiva en el expediente urbanístico que permitió levantar la piscina. Un planteamiento que, de prosperar, dejaría el peso de la investigación sobre antiguos responsables del área de urbanismo.

Citación judicial en Nochebuena tras meses de retrasos

Joan Ribó está citado a declarar como investigado el próximo 24 de diciembre. La comparecencia llega tras meses de dificultades para notificarle formalmente la citación, con varios intentos fallidos por parte del juzgado.

Durante ese periodo, el exalcalde llegó a asegurar públicamente que no había recibido ninguna comunicación oficial y que solo conocía el caso por informaciones publicadas en prensa. Finalmente, será ante la jueza donde deberá explicar en persona su papel —o su ausencia de él— en una actuación urbanística que ha reabierto el debate sobre el control político y técnico de los proyectos en suelo protegido.

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