Pérez Llorca testifica por llamadas durante la DANA

El relato del subdelegado del Gobierno ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia climática en Orihuela

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador Pérez Llorca, compareció ante la Justicia para ofrecer su testimonio sobre las comunicaciones mantenidas durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó el sur de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2019. Durante su declaración ante la jueza María Consuelo Flores, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, Pérez Llorca aclaró el papel institucional del Gobierno central durante la catástrofe e hizo especial hincapié en las llamadas mantenidas con el alcalde de Orihuela y otras autoridades locales.

Una lluvia histórica con consecuencias devastadoras

La DANA registrada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2019 fue una de las más graves en décadas para la Vega Baja del Segura. Inundaciones generalizadas, viviendas destruidas, cultivos arrasados y un colapso total de las infraestructuras provocaron un caos sin precedentes. La gestión política y administrativa de aquellos días es ahora objeto de investigación judicial, con el objetivo de determinar posibles negligencias o fallos en la coordinación de las emergencias.

Las claves de la declaración de Pérez Llorca

Durante su comparecencia como testigo, Pérez Llorca precisó varios puntos esenciales:

• No hubo comunicación directa desde el Ayuntamiento de Orihuela hacia ella, sino que fue ella quien tomó la iniciativa de contactar.
• Realizó hasta tres llamadas al alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, cuyo contenido se centró en el ofrecimiento de ayuda y coordinación institucional.
• Negó categóricamente haber recibido peticiones formales inmediatas desde el consistorio en los momentos más críticos del temporal.

Estos detalles desmontan versiones previas en las que se cuestionaba la respuesta de la Administración General del Estado y en particular la supuesta falta de comunicación con el municipio de Orihuela.

Aclarando responsabilidades institucionales

Pérez Llorca también hizo hincapié en que, según el plan de emergencia autonómico (PLATEM), quien debe tomar el mando ante una alerta de este tipo son las autoridades regionales, en este caso, la Generalitat Valenciana.

“Desde la Subdelegación del Gobierno no se recibe parte de la competencia sobre emergencias ni del mando operativo”, explicó la testigo, dejando claro su rol como órgano de apoyo y enlace entre los diversos niveles de administración.

Críticas cruzadas y tensiones políticas

La DANA de septiembre de 2019 también generó un fuerte intercambio de acusaciones entre administraciones. El alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, defendió públicamente que no había recibido ayuda suficiente ni respuesta oportuna desde las autoridades superiores. Sin embargo, ante la documentación recopilada en sede judicial y los testimonios clave como el de Pérez Llorca, la reconstrucción cronológica de los hechos apunta en otra dirección.

El papel de la Subdelegación en Alicante

Según relató Pérez Llorca en su comparecencia, desde el primer momento se activaron protocolos para informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y coordinar con organismos como la Confederación Hidrográfica del Segura, además de contactar directamente con los municipios más afectados, especialmente Orihuela.

Además, mencionó que el 13 de septiembre, día en el que la crecida del río Segura desbordó gran parte del casco urbano de Orihuela, se intensificaron las llamadas de coordinación para organizar evacuaciones, cortes de tráfico y asistencia sanitaria.

La instrucción judicial continúa

Este procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción, y la jueza María Consuelo Flores ha citado ya a una treintena de personas entre autoridades, responsables políticos y técnicos municipales. El objetivo es determinar si hubo omisiones por parte del Ayuntamiento o deficiencias en la activación de los planes de emergencia locales.

Pérez Llorca es la primera representante estatal en prestar testimonio dentro del marco de esta causa, lo cual supone un punto de inflexión en la evolución del proceso judicial. Su versión permite establecer la existencia de una voluntad de cooperación y coordinación directa desde el Gobierno central, contradiciendo así algunas versiones iniciales.

Principales líneas de investigación del caso

La jueza centra su pesquisa en tres aspectos cruciales:

• El cumplimiento de los protocolos de emergencia municipales.
• La comunicación entre administraciones antes, durante y después de las lluvias.
• La responsabilidad civil o penal por daños ocasionados ante posibles casos de negligencia.

Por ello, el análisis de registros telefónicos, correos electrónicos y documentación oficial se ha convertido en fundamental para verificar las afirmaciones de los distintos implicados.

Repercusiones mediáticas y políticas

La declaración de Pérez Llorca ha tenido una notoria repercusión mediática local y regional, no solo por el interés de los vecinos afectados durante la tragedia, sino también por sus implicaciones políticas. Analistas locales apuntan a que las conclusiones del proceso judicial podrían tener consecuencias para el exalcalde Bascuñana y otros miembros de su equipo de gobierno.

El caso ha vuelto a poner en la agenda pública la necesidad de modernizar los sistemas de prevención, alerta temprana y respuesta coordinada ante fenómenos climáticos extremos, cuya recurrencia podría aumentar con el cambio climático.

La DANA como prueba de estrés institucional

La crisis de la DANA no solo fue una catástrofe meteorológica, sino una prueba de la capacidad operativa de las instituciones. El informe preliminar presentado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertía de un episodio “excepcionalmente adverso”, con acumulados que en 48 horas superaron los 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur de Alicante.

En ese contexto, la respuesta institucional, desde los niveles municipales hasta los estatales, jugó un papel crucial. La justicia ahora dirime si esa reacción fue eficaz, tardía o insuficiente.

Lecciones aprendidas

Expertos en protección civil y gestión de emergencias señalan varias conclusiones derivadas de lo sucedido durante la DANA:

• Es vital mantener canales de comunicación activos y efectivos entre todas las administraciones.
• Las autoridades locales deben estar preparadas para tomar decisiones rápidas conforme a los planes de emergencia.
• La población debe recibir protocolos claros de actuación antes de que se produzcan las emergencias.

Además, destacan la necesidad de mejorar infraestructuras hidráulicas y contar con sistemas de alerta que minimicen las pérdidas humanas y materiales.

Conclusiones de una jornada judicial clave

La presencia de Araceli Poblador Pérez Llorca en los juzgados de Orihuela representa una pieza fundamental en el mosaico de testimonios que la magistrada está valorando. Su testimonio refuerza la teoría de que sí hubo iniciativa desde el Gobierno para apoyar a los municipios afectados, aunque los mecanismos de respuesta no siempre permitieron una actuación efectiva.

¿Qué se espera a continuación?

Las próximas semanas serán determinantes en la evolución del caso. Se espera la citación de técnicos del Ayuntamiento, responsables de seguridad ciudadana y otros mandos intermedios que participaron en la gestión de la catástrofe. Los informes periciales sobre daños y actuaciones oficiales también arrojarán luz sobre lo ocurrido.

No se descarta que, si se detectan irregularidades importantes, el procedimiento pase de una investigación por vía civil a un proceso penal con implicaciones más graves.

Vigilancia ciudadana y búsqueda de justicia

Los vecinos de Orihuela y del resto de la Vega Baja siguen con atención el desarrollo judicial. Para muchas familias afectadas, conocer la verdad es fundamental para cerrar heridas que van más allá de lo material y se sitúan en el ámbito emocional y social.

En un contexto de creciente frecuencia de eventos climáticos extremos, la transparencia en la gestión pública se convierte en una exigencia clave de la ciudadanía.

Una oportunidad para fortalecer la resiliencia institucional

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso actual ofrece una oportunidad para impulsar reformas que mejoren la capacidad de respuesta de todos los niveles del Estado. Fortalecer los sistemas de protección civil, mejorar la coordinación interinstitucional y reforzar la formación de autoridades locales son medidas necesarias para hacer frente a futuras DANAs.

La comparecencia de Pérez Llorca subraya el papel crítico que juega la cooperación entre administraciones en tiempos de crisis. Solo mediante un trabajo conjunto, eficaz y proactivo será posible