José Antonio Rovira, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ha declarado que la Ley de libertad educativa “ha restaurado los derechos de las familias y ha puesto fin al modelo de inmersión lingüística en los centros educativos”. El pasado 27 de junio se cumplió un año desde la aprobación de la Ley 1/2024 por Les Corts, la cual regula la libertad educativa, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Según Rovira, “esta ley ha ofrecido a las familias la libertad de elegir el idioma principal en la educación de sus hijos, permitiendo que los menores reciban sus primeras enseñanzas en su lengua habitual o lengua base, como se establecía en la Llei d’Ús. También promoverá un modelo lingüístico plural en los centros educativos, con una convivencia entre el castellano y el valenciano que refleje la sociedad valenciana”.
La Conselleria de Educación ha comenzado a implementar la Ley a lo largo del curso académico recién concluido, y su total aplicación se prevé para el curso 2025-2026, donde se hará efectiva la elección de la lengua base por parte de las familias. Rovira destacó que “se trata de un modelo equilibrado que establece la proporción vehicular en valenciano, castellano e inglés”.
El conseller enfatizó que “una de las primeras medidas de la Ley de libertad educativa fue dejar sin efecto los programas de inmersión lingüística autorizados por el anterior Gobierno del Botànic en 221 centros, donde hasta la finalización del curso 2023-2024 se aplazaba la inclusión del castellano como lengua vehicular hasta la Educación Primaria”.
“En observancia de la Ley de libertad educativa, desde el inicio del curso escolar 2024-2025, todos estos programas se ajustaron para asegurar la impartición de al menos el 25 por ciento del tiempo lectivo en cada una de las dos lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana”, añadió.
Respecto a los certificados de valenciano, Rovira destacó que “una de las medidas más impactantes de la Ley ha sido el reconocimiento y certificación de los conocimientos de valenciano de los alumnos por estudios reglados previos”. Estos certificados reconocen el esfuerzo y estudio del valenciano y sirven como incentivo para que los estudiantes de municipios de predominio castellano no soliciten exenciones de las evaluaciones de valenciano.
La expedición de estos certificados comenzó el 1 de octubre de 2024 mediante un proceso telemático “sencillo”. Tras el primer año de vigencia de la Ley, se han expedido 85,000 certificados. La Ley también permite que los certificados se tramiten desde los propios centros educativos, lo que significa que los estudiantes que han completado sus estudios este curso 24/25 no deberán realizar ningún trámite, ya que la expedición será automática a través del sistema ITACA.
En cuanto a la lengua base, Rovira subrayó que “la medida que ha alcanzado a un mayor número de ciudadanos de la Comunitat Valenciana ha sido el derecho de elección de lengua base”. La Ley permite que los nuevos estudiantes elijan la lengua base en el proceso de admisión, mientras que los ya escolarizados participaron en una consulta entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de este año, con la participación de casi 340,000 familias.
La planificación del curso académico 2025-2026 se ha basado por primera vez en la voluntad de las familias, reflejando la situación sociolingüística de cada municipio. Esto ha permitido la creación de 40 unidades con lengua base en valenciano, incluso en municipios de predominio castellano.
El conseller también mencionó que “otra de las novedades de la Ley de libertad educativa es el derecho del alumnado a realizar exámenes y pruebas de evaluación en su lengua oficial de elección”. Además, la Ley garantiza que los estudiantes y sus representantes legales puedan dirigirse y comunicarse con los centros educativos en la lengua cooficial de su preferencia, y obliga a los centros a tener documentación en formato bilingüe.
Finalmente, en el curso 2025-2026 se implementarán nuevos porcentajes de enseñanza en valenciano, castellano e inglés establecidos por la Ley. Esto asegura un modelo equilibrado, ya que la diferencia entre la lengua base elegida y las asignaturas impartidas en la otra lengua oficial será del 20%. Rovira concluyó que la Ley equilibra el derecho de elección de las familias con el objetivo de que todos los estudiantes adquieran plena competencia en ambas lenguas cooficiales al finalizar su escolaridad.
