El Juzgado de lo Social número 1 de Elche ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 10.000 euros tanto a la joven que, siendo menor tutelada por la Generalitat, fue víctima de los abusos sexuales del exmarido de la exconsellera de Igualdad y Políticas Sociales, Mónica Oltra, como a su pareja, al considerar acreditado que sufrieron una vulneración de sus derechos al ser los únicos trabajadores del área de salud de Torrevieja que no fueron subrogados por la administración tras la reversión de la concesión.
Según la sentencia, Sanidad comunicó a la UTE Torrevieja Salud su intención de no prorrogar la concesión y la reversión del servicio con efectos del 16 de octubre de 2021, con el dictado de las normas para llevarlo a cabo, incluyendo la obligación de la concesionaria de remitir información sobre el personal a subrogar a la Conselleria. La concesionaria remitió los datos provisionales relativos a los contratos de trabajo y nóminas de la plantilla, entre los que se encontraban los de los demandantes como trabajadores en activo. En ese momento, había 1.058 trabajadores entre personal laboral y extraestatutario.
La joven había presentado la denuncia contra el ex de Oltra, lo que había dado lugar a un proceso penal en el que el educador fue condenado a cinco años de cárcel y otro en el que está investigada la propia Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos.
Los demandantes alegaban que, como consecuencia de la denuncia penal, «sufrieron una represalia consistente en que al tiempo de ser revertido el servicio sanitario de Torrevieja Salud donde trabajaban ambos, fueron los únicos dos trabajadores que no fueron subrogados de toda la plantilla» y argumentaban que hubo un “ánimo revanchista, por lo que reclamaban una indemnización de 25.000 euros para cada uno de ellos o la declaración de improcedencia del despido.
El juzgado ve acreditada la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales y sostiene que la Conselleria de Sanidad no ha justificado que la falta de subrogación obedeciera a una causa real y absolutamente extraña a la pretendida vulneración del derecho a la garantía de indemnidad, así como, que dichas causas tuvieron la entidad suficiente para adoptar la decisión. Por lo tanto, declara la nulidad de la actuación de la Conselleria y se fija en 10.000 euros la indemnización para cada uno de los demandantes.
