La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha afirmado que la función de la administración pública es prevenir, ayudar y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, en este caso con especial vulnerabilidad, para lo que es necesario dotar a los y las profesionales de instrumentos de detección y derivación a los recursos adecuados.
Montón ha asistido a la creación, en la sede de la conselleria, de un grupo de trabajo interdisciplinar para elaborar unos mecanismos de actuación, entre ellos un protocolo, en el que se diseñen los formularios de detección que se pueden aplicar, así como los algoritmos de derivación, tanto a nivel socio-sanitario como policial y judicial. Este protocolo se pondrá en marcha, principalmente, en la red de puntos de asistencia a drogodependientes, como por ejemplo las Unidades de Conductas Adictivas.
Integran este grupo de trabajo personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, médicos, psicólogas, trabajadoras sociales y enfermeras de las Unidades de Conductas Adictivas, además de representantes de dos ONG que trabajan específicamente con mujeres adictas (Adoratrices y Dones Balsa Blanca).
Uno de los puntos abordados en esta primera reunión ha sido la importancia de la intervención precoz para detectar el problema en mujeres con adicciones, lo que convierte a los profesionales que trabajan en las Unidades de Conductas Adictivas y en las Unidades de Alcohología en piezas claves en la intervención y detección de casos de violencia de género, ya que la mayoría de las veces son los que mayor contacto tienen con las víctimas de malos tratos.
Se da la circunstancia de que las mujeres consumidoras en activo ven incrementado su riesgo al no ser admitidas en los recursos convencionales de protección hasta que no estén abstinentes.
