Seis detenidos en el desahucio de cuatro familias en Lavapiés: “Vacían el barrio y lo llenan de gente de tránsito”

5006361Pepi Santiago salía pasadas las 12:30 de la mañana del portal 11 de la madrileña calle Argumosa, en Lavapiés, donde había hecho su vida junto con sus dos hijos de 27 y 28 años. Lo hacía escoltada por la policía judicial que la ha desahuciado junto con otras tres familias, agradeciendo a las decenas de personas que habían intentado paralizar las ejecuciones y que todavía seguían allí desde primera hora de la mañana. Entre ellos ha habido seis detenidos y una treintena de identificados por la Policía.

Era la séptima vez que intentaban desalojar a esta mujer de 65 años, pero a la séptima ‘fue vencida’. Pepi no tiene dónde ir, y como ella tampoco Rosi ni Mayra, otras dos inquilinas del edificio que también habían superado varios intentos de desahucio. Tan sólo Juani, la cuarta desahuciada, ha firmado la su realojo en un piso social, pero no podrá entrar hasta dentro de 15 días, según han confirmado fuentes judiciales a RTVE.es La primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha afirmado a Europa Press que el consistorio “intentará dar atención de emergencia” a las cuatro familias, pero no ha especificado cómo.

En el mismo edificio existen otros procedimientos iniciados para desahuciar al resto de vecinos, que todavía no se han ejecutado. Cuando murió el propietario de los pisos donde vivían hasta hoy las cuatro inquilinas, la titularidad pasó a ser compartida por la familia Aguado -los herederos- y un fondo de inversión, Proindivisa- que las plataformas antidesahucios tildan de “fondo buitre”.

“Vacían la vida de los barrios”

Marisa, vecina del barrio y portavoz de la asamblea Bloques en Lucha y amiga de las desahuciadas, se muestra indignada y critica la estrategia de este tipo de desahucios. “Algunas son empresas de alquileres turísticos que vacían la vida de los barrios. La gente que viene después no son vecinos, son gente de tránsito”, espeta. Incide en que cuando no es así, los pisos -que en Lavapiés son antiguos y en muchas ocasiones están descuidados- “se reforman a veces con fondos públicos y luego la gente los vende caro”. En el caso de Rosi, los dueños han intentado subir el precio del alquiler “un 300%” pasando de los 400 euros mensuales a los 1.700.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid explican que las cuatro mujeres pagaron el alquiler hasta el cambio de propietario, cuando se les extinguió el contrato. Desde entonces, se han negado a abandonar sus casas y sus representantes han intentado negociar sin éxito con los nuevos dueños para acordar un alquiler.

“Son inquilinos con todos los derechos, algunos llevan viviendo 20 años cumpliendo todos los pagos, pero el fondo buitre usa triquiñuelas legales para echar a las familias”, denuncia Ana Sánchez, portavoz de bloques en lucha.

Cobran pensiones que no superan los 380 euros

Todas las desahuciadas viven con sus familias en situación de precariedad, gracias a ayudas sociales y pensiones que en ningún caso superan los 380 euros, según ha afirmado a RTVE.es la abogada de dos de las mujeres, Alejandra Jacinto, quien ha destacado que Mayra tiene un bebé que acaba de cumplir un mes, que Juani tiene una hija con discapacidad y que las otras dos mujeres son mayores y con un estado de salud “vulnerable”.

Esta letrada critica que la notificación de desahucio se produjo entre el miércoles y el jueves por la noche, con menos de 48 horas de antelación para ejecutarlos. “Son órdenes emitidas por tres juzgados de forma anómala, en los que ha intervenido no sé qué mano negra”, reprocha Jacinto, quien insinúa que los juzgados han beneficiado a la empresa detrás de estas viviendas ya que, siendo independientes, han emitido las órdenes de desahucio de la misma forma y a la misma hora y día para los tres, siendo “un copia y pega”.

También Mercedes, portavoz de la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas, considera que se ha incumplido una resolución de Naciones Unidas que “afirma que estos desalojos no se pueden garantizar hasta tener una vivienda alternativa”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares de la ONU había exigido suspender el desahucio en tres de las cuatro viviendas mientras examinaba los casos o se otorgaba a las familias en cuestión “una vivienda alternativa adecuada”. Pero sólo una de las cuatro familias, la de Juani, había solicitado la alternativa habitacional.

Seis detenidos en Argumosa, un icono antidesahucios

La concentración para paralizar el desahucio comenzaba a las dos de la mañana en la icónica calle Argumosa, donde se han paralizado ya múltiples desahucios, y se iba haciendo más multitudinaria hasta que a las 09:30 ha acudido la policía judicial a ejecutar las órdenes de desalojo. La calle fue cortada entorno al portal número 11 con una decena de furgones policiales, además de un helicóptero sobrevolando la zona para vigilar posibles incidentes. Alrededor de unos 200 manifestantes comenzaron emitir a partir de entonces gritos de “verguenza”, “un desalojo, otra ocupación”, “fuera buitres de nuestros barrios”, “ni casa sin gente ni gente sin casa” o “Argumosa no se vende, Argumosa se defiende”.

Un grupo de activistas permanecía dentro del portal con cascos azules, en base a la resolución a favor de los inquilinos de la ONU, para evitar que los agentes traspasaran la puerta al interior, pero fue inútil.

Lo cuenta a RTVE.es Javier Gil, que ha estado dentro. “Empezaron a reventar los cristales de la puerta mientras estábamos sentados dentro, han entrado pisoteando y golpeando la cabeza a los primeros que han encontrado y nos han ido sacando”, afirma. En ese momento los agentes detuvieron a seis personas e identificaron a una treintena de activistas, a los que se les podría acusar de desobediencia a la autoridad.

Gil explica que las inquilinas, además de “desesperadas”, estaban “muy alucinadas con el despliegue policial”. “Decían: si no somos terroristas, ¿cómo hay tanta policía y hasta helicópteros?”. Gil considera que “ha costado más este despliegue que realojar a las familias”.

Poco a poco los agentes fueron entrando a las casas retirando los carteles que lucían las inquilinas en sus balcones contra los desahucios y poniendo en las fachadas, en su lugar, placas de seguros de vivienda ante los gritos indignados de los vecinos concentrados en la calle. Después han procedido a tapiar los edificios para que no pudieran ser ocupados.

Los dueños del edificio habían afirmado tener “miedo” ante los activistas

Los dueños del edificio afirmaron en un comunicado que tienen “miedo” de los integrantes de las asociaciones antidesahucios, ya que están siendo señalados en la calle y en las redes sociales, y sostienen que el colectivo “miente” en sus argumentos.

Los propietarios son una mujer de 90 años que lo es “por herencia, y vive con su hijo incapacitado”, estando ambos al cuidado de sus familiares. También lo es una mujer incapacitada judicialmente al padecer una enfermedad psiquiátrica y que lleva internada en un centro especializado durante más de 20 años. Adquirió la propiedad por herencia.

Asimismo, entre los dueños está el hermano de la anterior, que es su tutor y debe rendir cuentas anualmente ante el juez que tutela a su hermana, y una pequeña empresa.

 

 

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